Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG), concesionaria de la ruta 1502 San José–Santa Cruz–Ramales, presentó una oposición formal ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) contra la audiencia tarifaria programada para el 25 y 26 de noviembre. La empresa alega que existen irregularidades legales, técnicas y operativas que impiden continuar con el proceso.
Según TIG, la audiencia fue convocada sin la adenda del contrato de concesión debidamente refrendada, un requisito que la propia ARESEP ha señalado como indispensable para cualquier fijación tarifaria. Por ello, la empresa sostiene que continuar con la “corrida del modelo” sería ilegal e improcedente.
La compañía también cuestionó el estudio de demanda utilizado por ARESEP como base para la convocatoria. Afirma que el muestreo se realizó con información no aleatoria, incompleta y limitada a una sola semana del año, sin considerar la estacionalidad real de la ruta. Además, señala una débil supervisión en el levantamiento de datos, lo que podría generar un cálculo tarifario sesgado y afectar el equilibrio financiero de la concesión, poniendo en riesgo la continuidad del servicio público.
TIG recordó que el Consejo de Transporte Público se encuentra actualizando las variables operativas de todas las rutas, incluida la 1502 integrada. Por ello, considera que ejecutar una corrida tarifaria antes de concluir ese proceso sería “precipitado y riesgoso tanto para los usuarios como para la empresa”.
La concesionaria pidió dejar sin efecto la audiencia tarifaria y realizar un nuevo estudio técnico, confiable y transparente que garantice tanto los intereses del usuario como la estabilidad del servicio, conforme a lo establecido en la Ley 7593.
Recuadro – Anomalías en breve
Falta de adenda refrendada: La audiencia se convocó sin el documento contractual requerido.
Estudio de demanda deficiente: Muestreo limitado a una sola semana y sin representatividad.
Supervisión inadecuada: Fallas en la fiscalización del levantamiento de datos.
Riesgo financiero: Un ajuste tarifario mal sustentado podría afectar la viabilidad económica de la concesión.
