George Rodríguez EP. La decisión del gobierno guatemalteco de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) implica un golpe a la transparencia no solamente en el país sino a nivel latinoamericano, advirtió este jueves la organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI).
El hecho de que, para formular el anuncio, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, se hizo acompañar por decenas de oficiales militares y policiales, en coincidencia, además, con el inicio del análisis parlamentario de denunciadas irregularidades en materia de financiamiento electoral, constituyó una acción intimidatoria, aseguró TI, en un comunicado.
A ello se sumó el hecho de que, mientras Morales informaba sobre la decisión, efectivos militares y policiales se hallaban desplegados en el sector capitalino donde se ubica la sede de la Cicig, señaló la organización no gubernamental internacional, con sede en Alemania.
“El Presidente hizo el anuncio rodeado de líderes militares y policiales mientras los medios informaban del despliegue simultáneo de militares en las inmediaciones de las oficinas de la CICIG. La medida fue anunciada precisamente cuando el Congreso de Guatemala inició audiencias preliminares contra el Presidente Morales por irregularidades en el financiamiento de campañas, y es otro intento de atacar y debilitar la lucha contra la corrupción en el país”, planteó TI.
Al respecto, la presidenta de TI, la abogada argentina Delia Ferreira, citada en el comunicado, advirtió respecto al riesgo implícito en el involucramiento del sector militar en temas del ámbito político.
“El hecho que el Presidente hiciera el anuncio rodeado de militares y el despliegue de fuerzas militares cerca de las oficinas de la CICIG son un intento de intimidación. Es muy peligroso involucrar a los militares en asunto políticos o de justicia”, señaló.
Ferreira denunció, asimismo, que la decisión del gobierno de Morales garantiza impunidad a quienes cometan actos de corrupción.
“Esta es una decisión política que sólo beneficiará a los corruptos, quienes podrán actuar con impunidad mientras los guatemaltecos continúan sufriendo de la corrupción endémica”, aseguró la presidenta de TI.
Al evaluar favorablemente la labor del grupo de trabajo de Naciones Unidas, Ferreira manifestó la solidaridad de TI tanto con la comisión como con su titular, el colombiano Iván Velásquez, quien se encuentra en visita de trabajo en Estados Unidos y cuyo reingreso a Guatemala fue prohibido por el gobierno de Morales.
“Transparencia Internacional reconoce el excelente trabajo y los resultados del CICIG, apoya plenamente su continuación en Guatemala y expresa su solidaridad con el Comisionado Iván Velázquez”, aseguró la experta.
TI emitió el comunicado seis días después de que Morales anunció la decisión de no renovar el mandato de la comisión, que vence el año próximo.
Morales, quien, desde que asumió el cargo para el período 2016-2020, ha mantenido una creciente confrontación con la Cicig, aseguró, a periodistas, que la medida fortalece la institucionalidad guatemalteca en el combate anticorrupción.
“Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones, para garantizar la continuidad en la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito”, planteó en la declaración que formuló sin aceptar preguntas, y acompañado por altos oficiales militares.
Morales recordó que, en 2017, presentó quejas, al secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, sobre la conducta de integrantes de la comisión.
“El año pasado, se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actuar irresponsable de la Comisión y de muchos de sus integrantes, violando nuestras leyes”, afirmó.
Morales dijo, además, que informó, por carta, al secretario general, sobre la decisión.
“Como podrá ver su excelencia, la CICIG ha permanecido en el país por más de 10 años, considerándose que a la fecha el mismo ha sido suficiente para que dicha Comisión haya logrado el cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo”, escribió, el presidente, a Guterres.
La comisión anticorrupción viene operando, desde su creación en 2006, mediante renovaciones periódicas de su mandato, la más reciente de las cuales vence en 2019.
Morales ordenó, el año pasado, la expulsión, de Guatemala, de Velásquez, pero esa decisión presidencial fue anulada por la Corte de Constitucionalidad, mediante un fallo en el que solicitó que gobierno y Cicig implementaran lo dispuesto en el artículo 12 del acuerdo de creación de la comisión respecto a la implementación del diálogo como mecanismo para la solución de controversias.
La Cicig, junto con la Fiscalía General de la República (FGR) –su contraparte local- ha abierto investigaciones sobre casos de corrupción que han involucrado a allegados a Morales y también al mandatario.
Uno de los casos se refiere a fraude cometido hace cinco años contra el Estado, e involucra a José Manuel Morales, hijo del presidente, y a Sammy Morales, hermano del mandatario, quienes aguardan juicio.
Además, ambas entidades solicitaron, el 10 de este mes, el desafuero de Morales, por un posible financiamiento electoral ilícito para su exitosa campaña electoral, en 2014 –el tema que el Congreso comenzó a estudiar-.
El presidente ha negado el señalamiento.
La gestión de la Cicig, actuando conjuntamente con la FGR, ha incluido casos emblemáticos como el enjuiciamiento del ex presidente guatemalteco (2000-2004) Alfonso Portillo, quien cumplió condena de prisión en Estados Unidos, por malversación de unos 15 millones de dólares.
La gestión de ambos fue determinante en el caso de la red de corrupción aduanera conocida como “La Línea” y dirigida por el general retirado y ex presidente guatemalteco (2012-2015) Otto Pérez, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes debieron renunciar y fueron encarcelados en setiembre de 2015, cuatro meses antes de finalizar sus respectivos mandatos.
El acuerdo de creación de la Cicig, suscrito el 12 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala –entonces presidido (2004-2008) por el ex alcalde capitalino Oscar Berger-, define al grupo como un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil (PNC) así como a otras entidades estatales guatemaltecas.
Ello, para facilitar la investigación de lo que en el convenio de 15 artículos se define como casos delicados y difíciles, y, en materia de seguridad, lograr la desarticulación de cuerpos armados ilegales y aparatos represores clandestinos.
