Las superintendencias del sector financiero costarricense manifestaron su oposición al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que otorgaría amplias facultades al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para supervisar entidades financieras del país.
A través de una nota dirigida a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la de Seguros (Sugese), la de Valores (Sugeval) y la de Pensiones (Supén) cuestionaron la iniciativa tramitada bajo el expediente 24.616, que plantea una nueva ley de protección al consumidor de servicios o productos financieros.
Las superintendencias afirman que el proyecto duplicaría funciones ya asignadas a estos entes especializados, afectaría la independencia institucional y debilitaría la arquitectura actual de supervisión del sistema financiero.
“Se desconoce el principio fundamental de independencia que deben tener los supervisores respecto de las autoridades políticas”, señalan en la carta firmada por Tomás Soley y Rocío Aguilar.
Según los reguladores, el MEIC carece de las capacidades técnicas para asumir funciones que hoy requieren altos niveles de especialización, como banca, seguros, valores y pensiones. El proyecto obligaría al Ministerio a crear una nueva dependencia, adquirir costosos sistemas informáticos y contratar personal especializado.
Además, la iniciativa permitiría al MEIC regular prioritariamente los servicios crediticios, y ejercer esas mismas facultades sobre otros productos financieros “cuando lo estime conveniente”. Esto, según las superintendencias, introduciría una desigualdad en la protección de los consumidores.
También advierten que el proyecto establece una tarifa adicional de hasta un 1% del patrimonio de las entidades supervisadas, lo que representaría una carga que finalmente sería trasladada al consumidor.
Las superintendencias alertan que la propuesta viola principios del ordenamiento jurídico, al otorgar facultades regulatorias sin límites ni controles claros, y permitiría al MEIC ser regulador y supervisor al mismo tiempo.
Adicionalmente, advierten sobre el acceso sin restricciones del MEIC a información sensible de los consumidores financieros y de las propias superintendencias, sin mecanismos adecuados de protección de datos.
Los jerarcas afirman que el proyecto contradice principios establecidos por la OCDE y otros organismos internacionales, y que podría considerarse un esfuerzo improvisado bajo un pretexto técnico que en realidad debilita el sistema actual.
Por estas razones, solicitaron a los diputados archivar la iniciativa y evitar un retroceso en los estándares de supervisión y protección al consumidor financiero en el país.
