“Esto es rebajarles el salario a los trabajadores, lo que es un derecho irrenunciable, adquirido, consolidado y lo más grave es que esto lo están haciendo a raíz de una recomendación que les dio el Ministerio de trabajo, cuando esta entidad debería proteger los derechos de los trabajadores pero lo que está promoviendo es la precarización de los derechos laborales”, expresó el diputado José María Villalta, del Frente Amplio.
Esto a pesar de que desde hace muchos años dichos trabajadores han recibido el salario mínimo y además, se les ha reconocido las propinas como un beneficio adicional, que está estipulado por ley.
No obstante, con esta nueva iniciativa se pretende que los empresarios despidan a los saloneros y los empleen bajo nuevos contratos, rebajándoles el salario y convirtiéndolos en comisionistas que solo van a recibir la propina, dejándolos sin acceso a los derechos que conlleva una relación laboral.
Sin embargo dichos contratos incluirían aspectos como horario, funciones, así como cualquier contrato laboral.
“Los empresarios lo que estarían haciendo es que los trabajadores tengan su salario mínimo de ¢249 mil colones, a partir de las propinas y en el caso de no llegar al monto ellos pondrían la diferencia a fin de mes”, explicó Carmen Muñoz , diputada del Partido Acción Ciudadana.
Asimismo, las Salas Segunda y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, de forma reiterada, han resuelto que las propinas que reciben quienes desempeñan el trabajo de salonero se convierte en parte del salario y que debe ser reportado a la CCSS y que genera también las demás obligaciones prestatarias normales.
“Este gremio está conformado por 150 mil personas, de las que 47 mil son mujeres, en su mayoría jefa de hogar, lo que limitaría a las familias, con respecto a pagar prestamos, educación, salud”, comentó Muñoz.
Actualmente el sueldo promedio de los saloneros en este país es de ¢249 mil colones, a eso se le suman ¢250 mil colones del 10% de propina, por lo que el salario les quedaría reducido a más de la mitad, al rebajárseles las cargas sociales.
“Me parece increíble que el Ministerio de Trabajo se dedique a darle pistas a los empresarios de cómo violar la ley, como incumplir los votos de la Sala Constitucional y como eliminar los derechos de los trabajadores”, mencionó Mauricio Castro, asesor legal de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
Según explicaron hasta el momento 25% de los saloneros han sido despedidos y se espera que de aquí al fin de mes la suma aumente a un 70%, ya que se está haciendo de forma masiva.
“Nosotros estamos dispuestos a llegar a una negociación razonable que respete los derechos de las personas trabajados y que no hunda al sector empresarial, por lo que llamamos a una conciliación para que juntos lleguemos a una solución en el marco de la legalidad. De lo contrario se provocará una cantidad de demandas masivas, que no nos llevarán a un buen puerto”, comentó Castro.
Además, con este proyecto se busca que el salario mínimo sea construido con base en las propinas, por lo que sería pagado por los clientes y no por el empresario, como consecuencia no se garantizaría un ingreso fijo ya que se el sueldo se calcularía semanalmente sobre el ingreso de la propina, lo que es ilegal.
“Es totalmente ilegal hacer aparecer como una terminación de la relación laboral una contratación inmediata, yo no puedo como patrono despedir al empleado y contratarlo en el mismo acto”, expresó Castro.
Debido a esto el próximo lunes los saloneros se reunirán en las oficinas de ANEP para informar a este grupo sobre sus derechos y posibles infracciones a los mismos.
“En ANEP nosotros defendemos los derechos de los trabajadores pero creemos principalmente en la negociación, entonces lo que estamos solicitando es que la Cámara de Restaurantes de Costa Rica (CACORI), y los empresarios se sienten a negociar con nosotros y lleguemos a un acuerdo en este tema; de los contrario lo que se va generar es una gran conflictividad no solo en las relaciones laborales, sino una gran cantidad de litigios laborales”, explicaron a elperiodicocr.
“Será eso lo que queremos, dedicarnos diez años a pelear para que posteriormente le digan a ese empresario que los trabajadores tenían razón y que debe esos diez años de salarios mal pagados, traídos a valor presente más los honorarios de los abogados, será ese el riesgo que quieren correr o buscar una salida negociada con la participación del Ministerio de Trabajo” agregaron los representantes de la ANEP.
