Allan Madriz | EP. La Sala Constitucional recordó al Ministerio de Educación Pública (MEP) su obligación de cumplir con la estandarización y reglamentación de programas en centros públicos y privados, para guiar en el camino de la inclusión educativa para todas las personas con autismo.
Esto después que los Tribunales de Justicia declararon con lugar un recurso de amparo presentado a favor de un menor de catorce años, quien padece trastorno del espectro autista, contra el Colegio Monterrey.
En apariencia, al joven, que ingresó al Colegio Monterrey desde el 2012, a mediados de junio del 2016 se le condicionó la matrícula hasta tanto no se le ubicara en un aula diferenciada del programa de “educación especial” en secundaria.
Esto habría provocado someter al menor a un sistema de “inferior calidad” del que está acostumbrado; además de privarlo de estar con sus compañeros, quienes lo acompañan desde la primaria.
“El Tribunal ordenó al Director General y a la Directora de Secundaria, ambos del Colegio de Monterrey, proceder de forma inmediata a restituir al amparado en el pleno goce de sus derechos vulnerados, de manera tal que se le garantice su derecho a la educación inclusiva en el sistema regular…”, señala el comunicado de la Sala.
Pero además, los jueces señalaron que es indispensable cumplir con la sentencia (2006-014904) del 10 de octubre del 2006 donde se le ordenaba al MEP, garantizar “condiciones de ingreso y permanencia de personas con discapacidad en los centros de enseñanza públicos y privados.
“El Ministerio de Educación debe brindar una estandarización y guía de actuación para los colegios en esa área, con pautas y líneas claras de cómo proceder, pero además debe ejercer un control y fiscalización permanente, sin que lo anterior implique, en modo alguno, girarle fondos públicos a esos centros educativos”, indica la comunicación de la Sala.
Los jueces también recordaron la importancia de cumplir con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial el artículo 24, que señala que las personas con discapacidad no deben ser reducidas ni segregadas, sino que tienen el derecho a una educación inclusiva.
