El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, designó como su representante legal en la investigación que enfrenta por el presunto delito de concusión en el caso BCIE-Cariñitos al abogado José Miguel Villalobos Umaña, conocido por defender a algunos de los principales sospechosos en casos de narcotráfico y legitimación de capitales en Costa Rica.
La presidenta de la comisión legislativa que analiza el levantamiento de la inmunidad del mandatario, Andrea Álvarez Marín, informó este viernes que recibió la notificación oficial de la Presidencia sobre la contratación de Villalobos para esta causa.
El abogado también representa a José Giovanni Segura Angulo, señalado como cabecilla del caso Fénix, considerado uno de los más grandes en la historia judicial del país por lavado de dinero.
Según la investigación, la red integrada por al menos 25 personas habría blanqueado hasta $17 millones presuntamente provenientes del narcotráfico, a través de haciendas ganaderas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes. Villalobos defiende a siete de los 25 imputados; dos de ellos permanecen en prisión preventiva por su alta peligrosidad.
La designación resulta llamativa debido a que el propio presidente Chaves ha criticado públicamente a abogados penalistas que defienden a presuntos criminales, a quienes ha acusado de “dar abrazos a los que dan balazos”.
Villalobos, quien se autodefine como “amigo” y asesor de Chaves, también colaboró en la redacción del fallido proyecto de ley Jaguar, con el que el Ejecutivo buscaba recortar facultades de fiscalización a la Contraloría General de la República.
El abogado enfrenta cuestionamientos adicionales: mantiene una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que, a octubre pasado, ascendía a ¢290,3 millones y se encuentra en cobro judicial. Además, ha sido denunciado ante el Colegio de Abogados; en uno de los casos más recientes, un matrimonio lo acusó de estafa y solicitó que se le investigue y devuelva $10.000 por supuestamente no realizar el trabajo contratado.
La comisión legislativa continuará la próxima semana con el análisis del levantamiento de inmunidad presidencial en el marco del caso BCIE-Cariñitos.
