El recorte de ₡3.053 millones aplicado por el Ministerio de Hacienda al gasto operativo del Poder Judicial amenaza con afectar investigaciones criminales, operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), juicios, peritajes, atención a víctimas y otros servicios esenciales de la administración de justicia.
La retención de recursos para el tercer y cuarto trimestre de 2026 limitará la capacidad de la institución para trasladar personal a allanamientos, levantamientos de indicios, inspecciones y otras diligencias judiciales, lo que podría aumentar los tiempos de respuesta en las investigaciones.
El Poder Judicial también advirtió que la falta de viáticos y recursos para hospedaje restringirá las investigaciones de campo prolongadas y la presencia de agentes en zonas alejadas.
“Se limita el traslado de personal para allanamientos, levantamientos de indicios, inspecciones y otras diligencias judiciales, lo que incrementa los tiempos de respuesta (…) La situación para la institución lamentablemente es muy crítica. Estas son las consecuencias de las decisiones que ha tomado el Ministerio de Hacienda, incluso ya el rebajo del tercer trimestre del año está plasmado en sistema y ya se materializó”, dijo la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero.
La afectación también alcanzará los recursos técnicos utilizados por el OIJ. El recorte dificultará la reparación de computadoras, la sustitución de vehículos y la compra de equipo de protección y materiales para el embalaje de evidencia, lo que, según las autoridades, puede aumentar el riesgo de contaminación de indicios.
Además, el Poder Judicial no podrá adquirir servidores, licencias de software y plataformas para el análisis criminal y la evidencia digital, herramientas consideradas necesarias para investigar delitos complejos.
A lo anterior, se suman tijerazos en transporte, traslado a realizar dictámenes técnicos, el OIJ se quedaría sin combustible, recortes en peritajes, no se podría apoyar a víctimas que requieran servicios o implementos médicos, como casos de violación o incluso, se corre el riesgo de que cese el servicio de 20 oficinas en el país
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Orlando Aguirre, aseguró que el recorte por parte del Ejecutivo es “unilateral”.
“Estamos muy preocupados por estos rebajos unilaterales que van a afectar la prestación de los servicios”, dijo.
Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, alertó que la reducción de recursos podría afectar directamente investigaciones relacionadas con crimen organizado, narcotráfico y legitimación de capitales, debido a las dificultades para contratar servicios especializados y realizar traducciones de documentos provenientes de otros países.
“Si quiere que su caso avance, va a tener que pagar los peritajes que son bastante cuantiosos”, señaló el fiscal general, al referirse a una eventual consecuencia de la falta de fondos.
Los servicios de traducción e interpretación también enfrentarían restricciones. Entre ellos se encuentran las traducciones para personas indígenas y la interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO), tanto para víctimas como para personas imputadas.
La realización de juicios y audiencias es otro de los servicios que podría sufrir consecuencias. El Poder Judicial advirtió sobre la posibilidad de reprogramar juicios y suspender diligencias judiciales, además de enfrentar problemas en salas de juicio y sistemas audiovisuales.
El recorte de ₡3.053 millones se suma a los ₡13.242 millones que la Corte Plena acordó ceder previamente, por lo que el Ministerio de Hacienda dejará de girar un total de ₡16.273 millones del presupuesto del Poder Judicial para 2026.
Las autoridades judiciales señalaron que la nueva retención se realizó pese a que el presupuesto extraordinario que permitiría aplicar los recortes aún no ha sido aprobado.
