También dijo que por medidas de su gobierno se ahorraron 25.000 millones en la Caja. Sin embargo, fueron los reportajes de La Nación sobre las incapacidades excesivas de funcionarios del ente los que produjeron una reducción de esta práctica a la mitad, y que ahorró 21.000 millones en un semestre.
Nos explicó que se hará una transferencia de 480.000 millones este año a la Caja. Asumimos que será un pago en bonos del Estado. Lo más probable es que se obligue al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte a comprarlos. Como la transacción se hará en el mercado de bonos, será con descuento, por lo cual se va a reducir sensiblemente el monto que recibirá el seguro de Salud y Maternidad. Por otra parte, obliga a la administración del Fondo de Pensiones a sobrecargarse de bonos de un solo tipo, lo cual daña su diversificación y pone los retornos futuros en un serio riesgo.
Ojalá que la anunciada gran transferencia sea a cambio de poner orden en las graves prácticas que se dan de rutina en la Caja: Nombramientos políticos, inflación de la planilla, incumplimiento de horarios por muchos especialistas, uso de horarios extraordinarios para hacer lo ordinario y el otorgamiento privilegios tan común en este gobierno. Recordemos como concedieron “vacaciones profilácticas” a los anestesiólogos para que la Presidenta viajara tranquila a Japón. Si no se corrigen las malas prácticas que llevaron a la crisis, la gran transferencia de bonos será dinero malgastado.
La señora presidente pidió una tregua, pero pareciera que es para que no critiquen su Gobierno. No ofreció nada al país que nos dé esperanza. La conformación de otra Junta de Notables nos indica que tendremos otro buen diagnóstico de lo que está pasando y de lo que hay que hacer, pero nada garantiza el coraje y la voluntad política para solucionar los problemas.
Necesitamos coherencia, valentía y transparencia en la Administración. Un primer paso es hacer pública la lista de consultorías del Estado para su respectiva evaluación, incluyendo –sin omitir documentos- las pagadas por el BCIE. Probablemente, haya mucho donde nos podamos socar la faja. Presupuestar este año 374.000 millones para seguir pagando consultorías es alarmante y demuestra la escalada de un Estado paralelo ineficaz.
Es hora de impulsar una Ley que obligue al Gobierno a hacer públicos los indicadores más relevantes del quehacer del Estado. Así, los ciudadanos nos involucraremos activamente en la observación y seremos parte de las soluciones a los problemas más críticos. No hacerlo es patear la bola hasta el siguiente Gobierno.
