Allan Madriz| EP. Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto que permitiría retirar las credenciales a los diputados que falten al deber de la probidad.
El proyecto de Ley 19.117, “Pérdida de credencial de diputados por violación del principio de probidad”, busca reformar el artículo 112 de la Constitución Política. El texto propuesto ya recibió también el visto bueno de la Procuraduría de la Ética y la Sala III.
La iniciativa, que es impulsada por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, deberá ahora ser llevado ahora al Plenario Legislativo.
Esta reforma a la Carta Magna quedaría de la manera siguiente:
Artículo 112.- La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección popular. Los diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que impliquen privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos.
La violación de cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior, producirá la pérdida de la credencial del diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un ministerio de Gobierno, el diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones.
El presidente de la comisión, Ottón Solís, espera que el proceso termine con éxito, pues al tratarse de una reforma constitucional, sigue un trámite especial.
“Lo que hace es nivelar la cancha, hoy día los diputados tienen un régimen privilegiado pues no se aplica el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y esto viene a crear la posibilidad de sanciones incluyendo la perdida de credencial ante fallas y faltas a ese artículo”, explicó Solís.
Gerardo Vargas Varela, legislador del Frente Amplio, indicó que se le está dando un gran aporte a la democracia costarricense con aceptar que cuando un diputado viola el principio de probidad va a perder sus credenciales.
“Creo que en una sociedad en la cual están cuestionados la representación política, esta modificación a la constitución viene a dar un aporte importante para que cuando una persona que llegue a ser diputado y no está cumpliendo con las funciones que se les asignen se le pueda quietar la credencial de diputado y venga otra persona a representarlo”, explicó Vargas Varela.
Al tratarse de un proceso diferente y tan largo, le corresponderá a los próximos diputados (2018-2022) aprobar la reforma impulsada por Solís.
Esto porque si los actuales legisladores aprueban la reforma constitucional en el Plenario Legislativo, se deberá crear una nueva Ley para establecer un régimen disciplinario para los congresistas, plan que difícilmente podría ser abarcado durante esta última legislatura.
La comisión especial estaba integrada por Ottón Solís Fallas, Marcela Guerrero Campos, Rosibel Ramos Madrigal, Rafael Ortiz Fabrega, Sandra Piszk Feinzilber, Ronny Monge Salas, Gerardo Vargas Varela, Patricia Mora Castellanos y Otto Guevara Guth.
Desde el año 2010, la Sala Constitucional alertó sobre la urgencia de una reforma constitucional para sancionar a los legisladores por violación al principio de probidad.
