Una iniciativa de ley impulsada por la diputada chavista Marta Eugenia Esquivel busca que las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), hoy administradas por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pasen a ser administradas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Las pensiones del RNC se otorgan a personas que no han cotizado o no alcanzan una pensión contributiva y que se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad o necesidad de amparo económico (adultos mayores que no tienen pensión, personas con discapacidad que no pueden trabajar, menores huérfanos de ambos padres o en condiciones de desamparo, personas en viudez, en condición de pobreza o con dependientes, situación de indigencia o extrema pobreza sin otra forma de ingreso).
El RNC es financiados principalmente con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Según Esquivel, dicho programa no forma parte de las competencias constitucionales de la CCSS y consume recursos que deberían destinarse a los seguros sociales, por lo que debería pasar a manos del MTSS
Además, argumenta que la administración del RNC ha provocado un aumento en los tiempos de respuesta. De acuerdo con la iniciativa, el número de solicitudes pendientes pasó de 9.982 en 2020 a 33.947 en marzo de 2026, debido al incremento de la demanda y a las limitaciones presupuestarias del programa.
Actualmente, el Régimen No Contributivo atiende a 151.716 pensionados del programa ordinario, quienes reciben una pensión mensual de ¢82.000, así como a 6.036 beneficiarios por parálisis cerebral profunda y otros padecimientos, cuyo monto asciende a ¢373.092.
Además, el proyecto señala que el Gobierno fijó como meta incorporar 20.000 nuevos beneficiarios entre 2023 y 2026, aunque advierte que el programa requiere mayores recursos para cumplir ese objetivo y atender cerca de 34.000 solicitudes pendientes.
La propuesta sostiene que el Ministerio de Trabajo es la entidad más adecuada para administrar el régimen, debido a que su ley orgánica le asigna la dirección de las políticas de bienestar social y ya tiene a su cargo otros regímenes de pensiones mediante la Dirección Nacional de Pensiones.
“Este proyecto busca fortalecer a ambas instituciones. La Caja debe enfocarse en los seguros sociales que la Constitución le encomendó administrar, mientras que el Ministerio de Trabajo, como rector del bienestar social, asuma la gestión del Régimen No Contributivo. Lo más importante es garantizar que los beneficiarios continúen recibiendo sus pensiones sin interrupciones y con una administración eficiente”, asegura la diputada chavista y expresidenta de la CCSS.
La iniciativa establece que el traslado deberá ejecutarse en un plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. Durante ese periodo, la Caja continuará administrando el régimen y garantizando el pago de las pensiones y la cobertura del seguro de salud, mientras prepara y entrega al MTSS los estados financieros auditados del programa.
El texto también dispone que el proceso no podrá provocar interrupciones, atrasos ni reducciones en las prestaciones de los beneficiarios
