Allan Madriz| EP. La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) emitió una “acción de recomendación” para que el Directorio de la Asamblea Legislativa resuelva los informes contra tres diputados, que fueron archivados desde el pasado 5 de febrero.
Se trata de informes contra los legisladores Otto Guevara (Movimiento Libertario), Víctor Morales Zapata (diputado independiente) y Johnny Leiva (Unidad Social Cristiana), quienes han sido relacionados con el caso de la importación del cemento chino del empresario Juan Carlos Bolaños.
Sin embargo, el presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, en conjunto con el resto del Directorio, decidieron no dar a conocer al Plenario Legislativo, el contenido de los tres informes (AEP-INF-07-2017, AEP-169-2017 y AEP-INF-004-2018).
“Con base en lo puntualizado y con propósitos meramente preventivos, esta Procuraduría de la Ética Pública emite la presente Acción de Recomendación para instarle, respetuosamente, a que la Asamblea Legislativa se aboque al conocimiento y resolución de los Informes emitidos por esta instancia, conforme lo ordena la legislación vigente…”, señala el documento firmado por Ronald Víquez, procurador de la PEP.
El presidente del Congreso había señalado cuando se le cuestionó por no dar a conocer los informes, que la medida se debía a que la Asamblea carece de un régimen sancionatorio para esos casos.
“La medida que ha venido aplicando Directorio Legislativo, consistente en suspender la causa hasta que exista una o varias disposiciones de sanción para los servidores de interés, no corresponde a un acto decisivo final en los términos que dictamina la normativa aplicable…”
“El razonamiento ofrecido por los señores diputados no tiene asidero legal o procesal alguno. No existe imposibilidad legal para resolver los temas propuestos, lo que no podría aplicarse es una sanción, por falta de marco regulatorio”, afirma la Procuraduría.
Al realizar estas aclaraciones, la PEP recordó que será el Congreso el encargado de tomar la “determinación conclusiva” relacionados con estos informes.
“Téngase en cuenta que solo adoptando una resolución final es posible superar la confidencialidad del Informe aludida en el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícita y, con ello, dar cumplimiento al principio constitucional de transparencia y rendición de cuentas”, afirma la PEP.
La semana anterior la diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, había asegurado que iba a presentar un recurso de amparo para que se dieran a conocer los informes que habían sido archivados desde la cúpula legislativa.
La frenteamplista señaló que parece que al presidente del Congreso olvidó que es un simple director de debate y no puede tomar resoluciones a espaldas de la ciudadanía costarricense.
