Elvis Martínez. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís y su ministro de Hacienda, Helio Fallas, se contradicen con respecto a la derogación del Decreto Ejecutivo para combatir a los evasores fiscales, firmado durante el gobierno de la ex mandataria Laura Chinchilla y en la que se prohíbe la conciliación en casos de evasión.
El martes el Ministro de Hacienda en declaraciones a Diario Extra informó que la directriz 30-P que entró en vigencia el 19 de abril de 2012, fue derogada el pasado 28 de mayo por directriz del presidente Solís. Ese mismo día el Presidente negó que ordenara levantar la prohibición y pidió al ministro de Hacienda rectificar la información.
Sin embargo, este miércoles Helio Fallas reafirmó durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios que el Gobierno Sí derogó la medida que prohíbe la conciliación en casos de evasión Fiscal.
“Deberá la Procuraduría General de la República procurar que la mayoría de ilícitos denunciados sean llevados a la etapa de juicio, por cuanto resulta de relevancia en la política de control de la evasión fiscal, que no solo se dé el pago de la deuda, sino que además se cumpla el propósito del legislador de imponer penas privativas de libertad a quienes incurran en estas conductas reprochables”, señala la Directriz 30-9.
Tras la derogatoria empresas acusadas de evasión pueden iniciar a un proceso de negociación para el pago respectivo de la deuda, como el caso del Grupo Nación a quien se le había negado esa opción durante el gobierno de Chinchilla. Esa empresa de comunicación adeudaría al Estado ¢1.918.300.797,43, según el informe a marzo de 2012.
Las críticas de la oposición no se han hecho esperar. La ex mandataria Laura Chinchilla, ausente desde el traspaso de gobierno, señaló que la directriz era una arma para combatir a los evasores y que al firmarla se hizo ignorando casos concretos a quienes se aplicaría.
“La directriz que ahora se quiere derogar y que firmé en el año 2012 se convirtió en un poderoso símbolo de lucha contra la evasión fiscal. Si bien es cierto, como lo justifica el Ministerio de Hacienda, la directriz no puede impedir los procesos de conciliación contemplados en la legislación, la misma envió un mensaje político muy poderoso a entes técnicos y judiciales sobre la importancia de perseguir los delitos tributarios, los cuales hasta ahora contabilizan una única condena en nuestro país. Echar para atrás esta directriz es volver a propiciar la impunidad que históricamente ha reinado en esta materia”, manifestó Chinchilla en un comunicado divulgado este miércoles.
El diputado liberaciones, Rolando González, integrante de la Comisión de Asuntos Hacendarios, también cuestionó al Presidente y al Ministro de Hacienda.
”la comparecencia del Ministro de Hacienda me deja seriamente preocupado en algunos ámbitos, uno de ellos es que en la directriz el Presidente y el Primer Vicepresidente se contradicen. Por una parte, el Presidente instruye al Ministro y Vicepresidente para que no se derogue la directriz y por otro, la directriz resulta derogada. ¿Cuál fue la intención detrás de esto?”, se preguntó el legislador.
