* Por MBA. Karen Porras.
¿Cuánto sabe usted, lector de este artículo, sobre red vial cantonal? El tema, que además cumple con ser una responsabilidad municipal, es también un rubro que cuenta con destino específico de los recursos asignados, esto se refiere a que ni un solo colón de ese presupuesto, puede ser utilizado para algo más.
Actualmente la red vial cantonal, está compuesta por 35.916,48 km y clasificada según el tipo de pavimento, así como su condición superficial de deterioro, lo cual compete a los 82 Cantones del país más los 8 Concejos de Distrito establecidos en cada provincia.
Aproximadamente un 70% de la RVC corresponde a lastre, mayormente enfocado en áreas rurales, éste factor limita el desarrollo de los cantones y la operación especial del tráfico, además de su comercialización. Solo un 12.74% de esta red, se encuentra en excelentes condiciones.
La infraestructura vial es uno de los problemas de mayor costo social en un país y Costa Rica no escapa de esta realidad. A través de los recursos de la Ley 8114, (primera ley para la transferencia de competencias para la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal), el Estado asigna el 22.25% del impuesto a los combustibles, a los presupuestos de las municipalidades para atender 35.916, 48 km de Red Vial Cantonal, ahora de nuevo le consulto, ¿Cree usted que esto sea suficiente?
La respuesta es clara para quienes conocemos los mecanismos y el desarrollo de proyectos en el régimen municipal, NO. Estos recursos resultan insuficientes para cambiar y mejorar el mapa vial de lo que tenemos en inventario.
En paralelo vivimos un escenario desigual, ya que la obra pública de la red vial nacional que se financia también con recursos de la Ley 8114, cuenta con una asignación del 21.75% al CONAVI para atender 7.500 km de vías nacionales, es decir el 18% del total de la red vial del país, situación que no es proporcional y mucho menos equitativa.
Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), se ha realizado un trabajo arduo para que los Municipios tengan propuestas que mejoren la ordenanza de su red vial cantonal, simplificando procesos de contratación e incursionando en nuevas técnicas de conservación vial que permitan una adecuada gestión de las valiosas líneas de comunicación entre comunidades y distritos.
Nos involucramos también en incentivar proyectos que involucren el transporte intermodal lo cual reactiva la economía y mejora la participación ciudadana lo cual genera un encadenamiento de compromiso, gestión eficaz y transparencia.
Sin embargo, vemos con preocupación que en el periodo de 2016 a 2020, que involucra los Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo, elaborados por cada uno de los Municipios, los recursos asignados están tendiendo a la baja sobre todo para el año 2020, donde se tendría un presupuesto inferior al del año 2019, en aproximadamente 2.500 millones de colones, debido al recorte en la asignación de los recursos a la Ley 8114 y sus reformas, desde el Ministerio de Hacienda.
Estas disminuciones nos dejan con al menos 810 km por cantón, sin atender.
Otro dato alarmante es que mediante los artículos 15 y 25 de la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales, considerando la disponibilidad de ingresos corrientes y determinaría los montos a presupuestar según el estado de las finanzas públicas, esto significa que este Ministerio quedaría facultado para disminuir los recursos según su propio criterio en el momento en que lo considere necesario.
Un respiro nos da el programa del cual la UNGL tiene participación activa, el PRVC-II MOPT-BID, empréstito por $ 144 millones, para mejorar aproximadamente 517 km de la RVC, lo cual tendría un impacto positivo en el 1.4 % de la Red, para beneficio de la movilidad y el transporte entre cantones.
Estas iniciativas del Gobierno Central, son importantes pero su impacto es muy reducido y en este sentido se requiere más articulación, concientización, pero también más alianzas público privadas que complementen estrategias que permitan otros alcances, más funcionalidad y una mejora en el servicio de obra pública.
Como representante de la Junta Directiva de la UNGL, hago público que hemos solicitado al Estado, una revisión de la distribución de recursos de la Ley 8114 así como los artículos mencionados anteriormente de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Es de suma importancia que se incremente el porcentaje asignado actualmente a los municipios, en beneficio de la ciudadanía y las vías de comunicación de nuestro país. Los mismos deben ser sustentables a través de micro empresas que vengan a generar empleo de calidad en las comunidades, y que fomenten la participación ciudadana entendida como un proceso bidireccional que mejore la forma de hacer gestión vial en el país.
[*]Porras es Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
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