El partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) convocó a sus delegados nacionales para realizar una nueva Asamblea Nacional el próximo domingo 7 de septiembre, con una fecha alternativa en caso de falta de quórum para el 14 de septiembre.
La decisión se da en medio de cuestionamientos al proceso de elección de candidaturas a diputaciones y de varios recursos de amparo electoral que mantienen suspendidas las papeletas de Alajuela y Heredia, según resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
De acuerdo con un comunicado de la presidenta del partido, Mayuli Ortega, la agenda contempla la designación o no de candidaturas a diputados mediante votación secreta, según lo resuelto en los amparos, así como la definición de postulaciones de juventud pendientes para completar las nóminas.
La Asamblea del pasado 24 de agosto dejó múltiples polémicas. En esa cita, se eligieron como aspirantes a un curul a exjerarcas del actual Gobierno señalados por investigaciones en curso en el Ministerio Público.
Además, trascendió un audio en el que la candidata Laura Fernández llamó “jaguar desleal” a un delegado que votó en contra de un nombre propuesto por la cúpula del partido en el quinto puesto por Alajuela, lo que generó nuevas críticas internas.
El TSE suspendió de manera provisional las candidaturas de Alajuela y Heredia, tras acoger recursos de amparo presentados por militantes que denunciaron exclusiones arbitrarias del proceso pese a cumplir con los requisitos, incluido el pago de ₡2,2 millones como cuota de inscripción.
Las recurrentes, Iliana María Ruiz Chacón y Xinia María Molina Ruiz, aseguraron que el 21 de agosto recibieron llamadas en las que se les informó que sus nombres habían sido descartados y no se sometieron a votación.
Entre las candidaturas suspendidas se encuentran Marta Esquivel Rodríguez, expresidenta de la CCSS y exministra de Trabajo, y José Miguel Villalobos Umaña, abogado personal del presidente Rodrigo Chaves.
Adicionalmente, el delegado Carlos Vázquez, de Buenos Aires, presentó un nuevo recurso solicitando suspender todas las candidaturas electas a nivel nacional, alegando que el uso de nóminas cerradas impidió la participación democrática de base. Este caso se encuentra en estudio.
A ello se suman otros dos recursos interpuestos antes de la asamblea del 24 de agosto que cuestionaban el monto de inscripción de ₡2,2 millones, considerado desproporcionado. El TSE dio con lugar a uno de ellos.
