El Partido Liberación Nacional (PLN) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra los actos del Poder Ejecutivo que vinculan al país con una coalición de seguridad hemisférica de corte militar impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El recurso fue interpuesto por el secretario general del PLN, Miguel Guillén Salazar, quien cuestiona la participación del presidente Rodrigo Chaves Robles en la cumbre regional donde se anunció la creación de una alianza internacional para combatir a los carteles del narcotráfico mediante cooperación de carácter militar.
La acción solicita al tribunal constitucional analizar si los actos del Poder Ejecutivo para vincular a Costa Rica con esa iniciativa contravienen la Constitución Política, particularmente el principio de abolición del ejército y las competencias de la Asamblea Legislativa en materia de acuerdos internacionales.
Según el recurso presentado ante la Sala IV, la adhesión del país a una declaración de seguridad hemisférica promovida por Estados Unidos podría implicar compromisos militares incompatibles con el orden constitucional costarricense.
Guillén sostiene que, aunque la lucha contra el narcotráfico es necesaria, la estrategia planteada en el marco de la nueva coalición regional se fundamenta en un enfoque militar que no corresponde al modelo institucional de Costa Rica.
Entre los principales argumentos del recurso se menciona que el artículo 12 de la Constitución abolió el ejército como institución permanente, por lo que cualquier acuerdo que implique compromisos militares debe analizarse con especial rigor constitucional.
El dirigente liberacionista también cuestiona que una eventual vinculación del país a ese tipo de iniciativa internacional no haya sido sometida previamente al conocimiento de la Asamblea Legislativa.
El cuestionamiento surge tras la participación del presidente Chaves en una reunión regional realizada en Miami, donde Trump anunció la creación de una coalición hemisférica para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales.
La iniciativa busca coordinar esfuerzos entre países del continente para combatir carteles del narcotráfico mediante cooperación en seguridad e inteligencia, e incluso mediante estrategias de carácter militar.
Durante la actividad, el mandatario costarricense participó en actos protocolarios relacionados con el anuncio de la coalición, lo que generó interrogantes sobre el nivel de respaldo o adhesión del país a la iniciativa.
Hasta ahora, el Gobierno no ha confirmado con claridad si Costa Rica firmó formalmente la declaración de seguridad vinculada con esta coalición.
Un debate constitucional previo
El cuestionamiento revive un debate jurídico que Costa Rica ya enfrentó en el pasado.
En 2004, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el apoyo que el gobierno del entonces presidente Abel Pacheco de la Espriella brindó a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos durante la invasión a Irak en 2003.
En esa ocasión, los magistrados concluyeron que ese respaldo contravenía los principios constitucionales del país y ordenaron gestionar la exclusión de Costa Rica de la lista de países aliados en esa intervención militar.
Ese precedente jurídico vuelve ahora al centro del debate, ante la posibilidad de que el país sea vinculado a una nueva iniciativa internacional con componentes militares.
