George Rodríguez EP. El gobierno de Perú anunció este domingo la flexibilización del requisito de presentación de pasaporte para que los venezolanos quienes masivamente huyen de la crisis socioeconómica que golpea a su país de origen.
La decisión exime, de esa obligación, a los migrantes en situación particularmente vulnerable, de acuerdo con el nuncio oficial.
“Se ha dispuesto por razones humanitarias admitir la presentación de la cédula de identidad a los ciudadanos venezolanos en los casos específicos de mujeres gestantes, menores de edad para reunirse con sus padres y adultos mayores de más de 70 años”, indicó el gobierno, en un comunicado.
Los menores quienes ingresen a territorio peruano para reunirse con sus respectivos padres deben portar acta de nacimiento, mientras que el requisito de pasaporte se mantiene vigente para los adultos quienes los acompañen, según lo indicado en el texto.
La medida fue anunciada un día después de la puesta en vigencia de una serie de normas restrictivas del masivo ingreso de ciudadanos venezolanos a Perú, entre las que se destaca la obligatoriedad de presentación de pasaporte.
Antes de la implementación de esas disposiciones, el ingreso promedio de migrantes de Venezuela, a Perú, llegó a ubicarse en alrededor de 2500 por día, de acuerdo con estimaciones oficiales.
Ante el sostenido éxodo venezolano, y luego de casos aislados de rechazo a esos migrantes, el canciller de Perú, Néstor Popolizio, exhortó a sus compatriotas a que “eviten actos de discriminación o xenofobia”.
La mayoría de los venezolanos quienes ingresan, vía terrestre, a Perú, desde el vecino Ecuador, luego de cubrir una extensa y riesgosa ruta, que también incluye a Colombia, país sudamericano ubicado entre Venezuela y Ecuador.
En el caso de Ecuador, la similar exigencia de presentación de pasaporte implementada por el gobierno respecto a los migrantes venezolanos fue anulada un día antes de la flexibilización del requisito peruano.
La jueza Judith Naranjo, de la Unidad Judicial Tercera de Familia, tribunal ubicado en Quito, la capital ecuatoriana, tomó la decisión a raíz del cuestionamiento que la Defensoría del Pueblo formuló contra la disposición gubernamental.
“Consideramos que este es un triunfo histórico de la justicia y un triunfo histórico de los derechos humanos”, aseguró Ernesto Pazmiño, abogado de la defensoría, ya que la decisión de Naranjo “reconoce el derecho de las personas a migrar”.
Pazmiño indicó que la decisión judicial se enmarca en la Constitución de Ecuador.
El primer artículo constitucional determina que el país sudamericano “es un Estado de derecho y justicia. Por lo tanto, el Estado y todas sus instituciones tienen un límite en sus decisiones, que son el respeto a derechos humanos”.
También es acorde con el planteamiento de la comunidad internacional –incluido Ecuador- respecto a atender humanitariamente el fenómeno.
De ese modo, lo resuelto por Naranjo implica “sumarse al pedido y al clamor de Ecuador y del mundo de que se dé una respuesta humanitaria al tema de la migración”, aseguró el abogado, quien subrayó que el éxodo venezolano constituye un “problema regional”.
Casi simultáneamente a la decisión judicial, el gobierno de Ecuador puso en marcha lo que define como el “corredor humanitario” para agilizar el desplazamiento de los migrantes venezolanos dentro del país, desde la fronteras terrestres norte, de 708 kilómetros, con Colombia, y sur, de 1529 kilómetros, con Perú.
El mecanismo consiste en dos caravanas de autobuses -36 unidades, en total- cuyo objetivo consiste en proteger los derechos de los migrantes, además de proporcionarles asistencia de las municipalidades a lo largo de la ruta, y garantizarles un trayecto seguro hacia Perú.
De acuerdo con diversos cálculos, aproximadamente dos millones de venezolanos se han desplazado, vía terrestre, a países sudamericanos tales como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, causa de la severa crisis sociopolítica de Venezuela.
Según la OIM, de ese total, unos 400,000 se han establecido en Perú.
Además de la represión antiopositora por parte del gobierno venezolano, quienes abandonan el país denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el bajísimo poder adquisitivo de los salarios, y la falta de oportunidades.
