Allan Madriz | EP. Durante el debate del expediente 20.909, que modifica los criterios de confidencialidad del ICE y del INS, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, señaló al Instituto Costarricense de Electricidad como uno de los responsables de la pobreza en Costa Rica.
En carta enviada a la presidenta del ICE, Irene Cañas, el legislador del PUSC cuestionó sobre la existencia de empresas consultoras externas que apliquen estudios confidenciales sobre esa institución; además de los “altos costos” en las tarifas eléctricas en comparación con otros países de la región.
“Por cuarto trimestre consecutivo el desempleo excedió el 11%, durante 36 meses trimestres consecutivos, la tasa de desempleado abierto ha estado por encima del 8.3%. Tenemos que tomar acciones y poner orden. El desorden en el ICE es el responsable del aumento de la pobreza en este país”, indicó Muñoz.
El socialcristiano también cuestionó aspectos del sector eléctrico en la misiva remitida a la jerarca del ICE, como por ejemplo si existe algún proceso de renegociación o sustitución de deuda a largo plazo que esté negociando la institución y subsidiarias en la actualidad, con el objeto de aumentar el flujo de caja y abaratar el costo promedio por kWh.
“No le sigamos alcahueteando nada al ICE , trabajemos como uno solo para poner orden en el ICE, para que haya justicia social, trabajo y prosperidad para todos”, indicó el diputado del PUSC.
Con 42 votos a favor y de manera unánime, el Plenario Legislativo aprobó en primer debate este martes el expediente 20.909, “Reforma del artículo 35 de la ley N° 8660, fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008, y el artículo 12 de la ley N° 12, ley del Instituto Nacional de Seguros, de 30 de octubre de 1924“.
La propuesta excluye de la confidencialidad los estados financieros, el balance de situación, el estado de resultados y el resto de la información contable y de sus subsidiarios. Queda protegida la información relacionada al marco de la competencia, ya sea por carácter industrial, comercial o económico, mientras no resulte conveniente su divulgación a terceros.
