Allan Madriz | EP. La 72ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), determinó en una de sus conclusiones que la pauta estatal en Costa Rica se utiliza para “premiar o castigar” a los medios de comunicación.
En una actividad de cinco días de sesiones, que reunió en México a más de 450 directores de medios y periodistas, se discutió el comportamiento de la libertad de prensa en el continente.
Pero dentro de las conclusiones expuestas por la Asamblea de la SIP, se menciona un mal uso de la pauta o publicidad estatal en nuestro país.
“En muchos otros, como Costa Rica, Nicaragua, México y Bolivia, la publicidad oficial o estatal se utiliza para premiar o castigar a los medios según las informaciones que divulguen. Y aún subsisten en varios países, fuertes restricciones en el acceso a la información pública”, indicó la SIP.
Hace pocos meses se presentaron denuncias de dos medios de comunicación, en relación a la restricción o disminución de la pauta del Estado por informaciones publicadas; estos fueron los diarios La Nación y La Extra, quienes señalaron a dos bancos estatales (Banco Nacional y Banco de Costa Rica) en sus acusaciones.
“El uso de la publicidad oficial para premiar y castigar las líneas editoriales e informativas de los medios de comunicación es una práctica que continúa. La Nación logró demostrar y denunciar un caso escandaloso de represalia con pauta publicitaria ejecutada por el Banco Nacional, propiedad del Estado. El Diario Extra hizo similar denuncia en relación con el Banco de Costa Rica, también estatal”, indica la SIP sobre Costa Rica.
Incluso los dos casos llegaron a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para su respetivo análisis, en donde participaron todos los actores mencionados en las denuncias de estos medios de comunicación.
El resto del informe para Costa Rica destaca otros casos que atentan contra la libertad de expreasión como un voto de la Sala Constitucional que respaldó la decisión del Banco de Costa Rica (BCR) de introducir una clave secreta en un archivo electrónico con datos de interés público solicitados por el semanario El Financiero.
Además recordaron que la Sala IV dejó sin efecto la suspensión por cinco días sin goce de salario que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) impuso a su jefe de talleres por dar declaraciones a la prensa sobre deficiencias en el mantenimiento de los trenes.
Finalmente mecionaron el caso del decreto de “declaratoria de reserva” de doce memorandos que contienen informes sobre informaciones de la Embajada de Costa Rica en Brasilia, de la situación política de Brasil; los cuales fueron solicitados por el diputado del Partido Liberación Nacional, Rolando González, y le fueron negados.
A nivel del continente, la SIP lamentó la muerte de doce periodistas desde el mes de abril, así como las víctimas de amenazas verbales o de violencia por el hecho de ejercer su trabajo periodístico.
Las amenazas intimidatorias a los periodistas y a los editores de periódicos se producen en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá y Venezuela; indicando que los amedrentamientos provienen de los narcotraficantes, de las bandas criminales, pero también de autoridades locales, nacionales y militares.
Si quiere conocer más acerca de las conclusiones de la SIP en relación a Costa Rica, puede accesar el siguiente enlace:
Conclusiones SIP para Costa Rica
