Keylor García | EP. Las operadoras Claro y Telefónica cancelaron $43 millones, $19 y $24 millones respectivamente, por contratos de uso y explotación de espectro radioeléctrico, dinero que serán destinados al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).
El pago se da por los contratos de la licitación pública internacional para el uso y explotación de espectro radioeléctrico que permitirá poner a disposición de los operadores de telecomunicaciones más espectro radioeléctrico para el despliegue y fortalecimiento de las redes de Telecomunicaciones Móviles Internacionales.
El Viceministro de Telecomunicaciones Edwin Estrada señaló que el dinero será utilizado para llevar conectividad, alfabetización digital y que las personas independientemente de su condición y de las zonas donde habiten, tengan acceso a servicios de calidad de telecomunicaciones con los cuales puedan mejorar su calidad de vida por medio del uso productivo de las tecnologías de la información.
También, será invertido en proyectos dirigidos a personas en condiciones de vulnerabilidad y personas que vivan en zonas no atractivas económicamente para la inversión que hacen las empresas.
Además: TSE condena a la Alianza Evangélica y Conferencia Episcopal por violar Ley Electoral
“Esta licitación que acabamos de concluir y cuyos contratos fueron refrendados por la Contraloría General de la República semanas atrás, trae diversos beneficios para el habitante”, comentó Estrada.
La primera concesión de espectro radioeléctrico para redes móviles que se dio en el 2011 marcó la entrada de más competidores al recién abierto mercado de telecomunicaciones, cuyo objetivo en su momento, fue incrementar la penetración de los servicios de telefonía móvil.
Por su parte, el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y libertad de participación, asignó 70 MHz de espectro radioeléctrico para las empresas Claro y Telefónica, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles en beneficio de todos los usuarios, procurando que el país obtenga los beneficios del progreso tecnológico a partir de una asignación eficiente y efectiva de un recurso estratégico del Estado.
