George Rodríguez EP. La reducción del presupuesto nacional, aprobada este martes por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), es resultado de la violenta crisis sociopolítica que hace más de tres meses golpea a Nicaragua y es causada por sectores terroristas que buscan dañar la economía nacional para derrocar al gobierno, dijo el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Si bien no afectarán programas gubernamentales claves, los ajustes presupuestarios limitarán el crecimiento general de la economía así como el fortalecimiento institucional, advirtió el mandatario, al hablar, horas antes de la votación parlamentaria, durante la ceremonia de conmemoración del 39 aniversario de la Fuerza Naval.
Los proyectados ajustes presupuestarios a la baja son “resultado de los golpistas terroristas que apostaron a destruir la economía para derrocar al Gobierno”, subrayó Ortega, en alusión a la masiva e ininterrumpida oposición popular a su gobierno estallada en abril y fuertemente reprimida por fuerzas policiales y parapoliciales.
La aprobación de la reducción por la Asamblea Nacional –de mayoría oficialista-, limitará la creación de programas de combate a la pobreza, aseguró el mandatario.
Según Ortega, si bien la reducción “no afectará los programas fundamentales”, lo cierto es que “vamos a ver afectado el crecimiento, el fortalecimiento de todas las instituciones, que si pudiéramos asignarles más recursos podrían montar más programas para seguir atacando la pobreza”.
La modificación bajó los ingresos, de poco más de 84,196 millones a aproximadamente 76,103 millones de córdobas (unos 2,716 millones a alrededor de 2,454 millones de dólares), y los egresos, de algo más de 87,125 millones a unos 81,213 millones de córdobas (unos 2,810 millones a alrededor de 2,619 millones de dólares).
La reforma presupuestaria fue votada favorablemente por 72 diputados, mientras 15 votaron en contra, sin abstenciones.
La votación legislativa ocurrió en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace más de tres meses convulsiona a Nicaragua, con saldo, al final de julio, de casi 450 víctimas fatales, más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daños masivos a la economía nacional.
La dramática situación se originó, el 18 de abril, en el decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular se enfocase en la persistente exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión policial y parapolicial antiopositora.
La crisis es reiteradamente definida, por Ortega y otros jerarcas gubernamentales, como un intento de sectores terroristas por derribar a su administración.
