George Rodríguez EP. El fallo que está próximo a emitirse, en el proceso judicial por el asesinato, hace más de dos años, de la líder indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres, será parcializado, porque apunta a los integrantes más bajos de la estructura criminal involucrada, aseguró este viernes la activista de derechos humanos Marcia Aguiluz.
El juicio no constituye la aplicación integral de la justicia, indicó Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el derechos Internacional (Center for Justice and International Law, Cejil) para Centroamérica y México, citada en un comunicado de la organización.
“La decisión que tome el tribunal será parcializada e incompleta, porque sólo los eslabones más bajos de la estructura criminal podrían ser condenados. El cierre de esta etapa del proceso no representa una justicia integral”, precisó.
Ante ello, la familia de Cáceres, el Consejo Cívico de organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) –del que la víctima era cofundadora y máxima dirigente- y otras organizaciones –incluido Cejil- procurarán, por otras vías legales, que se haga justicia, subrayó.
“La sentencia que se logre será insuficiente y será solo un primer paso en esta causa, porque ni la familia ni el COPINH ni las organizaciones que hemos apoyado su lucha vamos a cesar en nuestra demanda de justicia para Berta Cáceres”, advirtió Aguiluz.
En el comunicado, Cejil enumeró algunas de las irregularidades que han caracterizado al proceso judicial.
Por una parte, el juicio comenzó –el 19 de octubre de este año-, no obstante el hecho de que se había tramitado una solicitud de recusación contra el tribunal a cargo del caso, indicó la organización con sede central en Washington y sede regional en San José, la capital de Costa Rica.
Además, solamente se ha juzgado a los autores materiales del asesinato así como a algunos de sus cómplices, y un solo autor intelectual fue capturado, mientras los demás autores intelectuales –responsables de la planificación y el financiamiento del crimen- no fueron siquiera citados a declarar, agregó Cejil.
En ese sentido, Aguiluz planteó la necesidad de que el Estado hondureño rectifique su conducta.
“Desde CEJIL exigimos que el Estado de Honduras rectifique sus acciones y proceda de inmediato a la identificación, detención, juzgamiento y sanción de los otros autores intelectuales vinculados con el asesinato y con los múltiples actos de agresión contra el COPINH. Solo así se podrá garantizar a las víctimas y a la sociedad hondureña verdad, justicia y reparación”, expresó.
Por su parte, Karina Sánchez, oficial de Incidencia de Cejil, aseguró que el centro continuará dando puntual seguimiento al juicio, ahora en su etapa de cierre, y seguirá denunciando las irregularidades que persistan en cometer tanto el Ministerio Público (MP) hondureño como la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional –encargado de este juicio-.
“Desde CEJIL nos mantendremos vigilantes del proceso en su última etapa, y continuaremos denunciando las graves irregularidades que el Ministerio Público y el Tribunal a cargo del caso han cometido en este proceso”, aseguró Sánchez, integrante de la Misión de Observación Calificada que ha monitoreado el proceso judicial.
La experta señaló, entre otras irregularidades, falta de acceso completo a la información, exclusión arbitraria de las víctimas –incluidos el Copinh y la familia de Cáceres-, ausencia de publicidad respecto a las audiencias judiciales.
En tal contexto, y ante la inminencia del fallo referido al caso de Cáceres, una delegación de Cejil llegó el 21 de noviembre a Honduras, para dar acompañamiento, a la familia y al Copinh, “en su exigencia por verdad y justicia”, agregó el centro, en el comunicado de siete párrafos.
Cáceres, líder indígena, activista de derechos humanos en general y de derechos de las mujeres, y ambientalista, fue asesinada a balazos la madrugada del 3 de marzo de 2016, en su vivienda en La Esperanza, localidad a unos 180 kilómetros de Tegucigalpa, en el occidental departamento (provincia) de Intibucá, limítrofe con El Salvador.
Días antes, la dirigente había encabezado una de varias manifestaciones pacíficas contra el megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca, previsto para construirse en el departamento de Santa Bárbara, también en el occidente hondureño.
El proyecto, autorizado en 2010 por el gobierno del entonces presidente (2010-2014) de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo, se implementaría en un sector del río Gualcarque –cuerpo de agua sagrado para el pueblo indígena Lenca, comunidad a la cual pertenecía la dirigente-.
En inmediata reacción, habitantes del área buscaron el apoyo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y explicaron que su oposición al plan obedecía a que, en el caso de materializarse, la estructura de grandes proporciones generaría fuerte daño ambiental en perjuicio de comunidades indígenas y campesinas asentadas en el área.
El Copinh, organización defensora de los derechos humanos, fue cofundado, en 1993, por Cáceres y el también dirigente indígena Salvador Zúniga, entonces su compañero sentimental.
Los pobladores locales subrayaron, en ese momento, la necesidad de detener el trabajo de construcción -labor que estaba en marcha-.
La resistencia del Copinh, liderada por la dirigente en constante y pacífica oposición, fue blanco de fuerte represión, no obstante lo cual hizo que la empresa estatal china Sinohydro –la principal constructora de represas a nivel mundial- y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (BM) –la parte inversionista- se retirasen del proyecto.
Sin embargo, la empresa hondureña Desarrollo Energético Sociedad Anónima (Desa) retomó el proyecto, lo que reactivó la movilización opositora local, siempre con el liderazgo de Cáceres, que impidió, nuevamente, que fuese llevado a cabo.
La decisión del gobierno de Lobo –quien llegó al poder tras haber ganado las elecciones de noviembre de 2009, llevadas a cabo bajo el régimen de facto surgido del cruento golpe de Estado de junio de ese año- fue tomada sin previa consulta a las comunidades involucradas, lo que violó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (C169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente desde 1989 y ratificado en 1995 por Honduras.
