*Por Iztarú Alfaro Guerrero *
La creciente inseguridad que se vive en los barrios del país se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Hoy, el temor ya no es un hecho aislado, sino una realidad que condiciona la vida cotidiana: vecinos que evitan transitar por sus propias calles, comercios que reducen horarios y familias que modifican sus rutinas para protegerse. Esta situación erosiona la convivencia y debilita la confianza social.
Ante este panorama, es necesario comprender que la seguridad no se construye únicamente desde los ministerios o las políticas nacionales, sino desde el territorio. Fortalecer el rol de los gobiernos locales resulta clave. La experiencia impulsada en San José lo demuestra: la ampliación de la Policía Municipal a los once distritos y la declaratoria de emergencia cantonal por inseguridad permitieron respuestas más rápidas, cercanas y coordinadas. Cuando la municipalidad actúa y la comunidad participa, las soluciones comienzan a tomar forma.
Esta vivencia, reforzada por los aportes del Eje de Seguridad y Justicia, confirma una premisa fundamental: la seguridad es local. Sin presencia territorial, ningún esfuerzo nacional logra ser plenamente efectivo. Los modelos de coordinación, prevención social y uso de tecnología aplicados en San José pueden replicarse en todo el país.
Por ello, resulta urgente que la Asamblea Legislativa impulse una Ley de Seguridad Comunitaria y Policía Local. Esta normativa debe articular de manera clara a los gobiernos locales con el Ministerio de Seguridad Pública, definir responsabilidades y permitir una participación activa de las municipalidades en prevención, patrullaje inteligente y protección del espacio público. No se puede seguir relegando a los gobiernos locales a un rol secundario, cuando suelen ser el primer punto de contacto con la ciudadanía.
La ley también debe garantizar recursos estables para la creación de centros distritales de seguridad, donde confluyan policías municipales, gestores comunitarios, trabajadores sociales y programas dirigidos a jóvenes en riesgo. La seguridad moderna va más allá de la presencia policial: requiere educación, cultura, deporte y acompañamiento a las familias. Prevenir siempre será más efectivo —y menos costoso— que reaccionar.
A esto debe sumarse el uso estratégico de la tecnología. La integración de cámaras, sensores, sistemas de alerta y mapas de calor del delito es hoy indispensable. Cuando la tecnología se combina con la acción comunitaria, se reducen los delitos y aumenta la sensación de tranquilidad. El país cuenta con la capacidad técnica para hacerlo; lo que falta es voluntad política y claridad en las prioridades.
La preocupación es real, pero también lo es la convicción de que es posible recuperar la paz en los barrios. Costa Rica no puede acostumbrarse al miedo. Se necesita una política de seguridad preventiva, humana y coordinada entre el Estado, los municipios y la ciudadanía. Si se fortalece lo local y se articula lo nacional, será posible devolver a cada familia el derecho fundamental de sentirse segura.
La seguridad empieza en el barrio. Y desde ahí, juntas y juntos, se puede reconstruir la confianza y la esperanza que el país necesita.
*La autora es regidora del Concejo Municipal de San José y candidata a diputada por el PLN en San José*
