George Rodríguez EP. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pidió este jueves al secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, la designación de un nuevo jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Morales aseveró que Guterres ha ignorado las quejas que, personalmente, ha formulado contra la Cicig.
“Solicito públicamente, al Secretario General de la ONU, podamos nombrar, de común acuerdo, al nuevo comisionado o comisionada de la CICIG, para poder realizar los traslados de las capacidades técnicas a las instancias correspondientes”, dijo el presidente, al hablar en el 73 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El mandatario aludió así a su decisión de no renovar el mandato de la Cicig –que vence el año próximo- y a la necesaria transición técnica entre la comisión y a las instituciones guatemaltecas con las que trabajado.
En su discurso de 23 minutos, Morales expuso, al auditorio mundial, su versión de lo que calificó de acciones de la Cicig violatorias de la constitución guatemalteca.
La comisión “violó la Constitución Política de la República, nuestras leyes, y el acuerdo mismo de su creación, excediéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso”, aseveró.
También acusó al jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, de haber intervenido en asuntos interno de Guatemala, y de haber desestabilizado al país centroamericano.
“El comisionado Velásquez se entrometió en asuntos internos del país, politizando la justicia y judicializando la política, abusos que han polarizado a la sociedad guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que vulnera la seguridad”, señaló.
Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos, adonde se trasladó en un viaje de trabajo, está impedido, por decisión gubernamental, de regresar a Guatemala.
Morales acusó, además, a Guterres, de haberse abstenido de actuar respecto a los señalamientos que, personalmente, le ha presentado en cuanto al grupo de trabajo y a Velásquez.
“Me refiero a la indiferencia y la pasividad del Secretario General de la ONU, a quien, desde hace más de un año, le presenté personalmente, y de manera oficial, las preocupaciones del Gobierno de Guatemala sobre las malas prácticas de la Cicig y su comisionado”, expresó.
El presidente, un conservador ex comediante, se refirió, específicamente, a su decisión de no prorrogar el mandato de la comisión, reiterando el argumento de que el equipo anticorrupción ha tenido tiempo suficiente para trabajar, y que corresponde, ahora, a las instituciones guatemaltecas asumir plenamente la tarea.
“Al mando de tres comisionados, la Cicig tuvo sus luces y sus sombras, y, como Estado soberano, decidimos no solicitar la sexta prórroga, considerando que después de más de una década, ha sido tiempo suficiente para cumplir con su mandato”, indicó.
El presidente aludió así a los dos antecesores de Velásquez: el fiscal español Carlos Castresana (2007-2010) y el ex fiscal general costarricense Francisco Dall’Anese (2010-2013).
Morales anunció, el 31 de agosto, la decisión de no renovar el mandato de la comisión, e informó, el 4 de setiembre, sobre la prohibición para que Velásquez regrese a Guatemala, y, en un mensaje dirigido, el 6 de setiembre, a los guatemaltecos y a la comunidad internacional, ratificó ambas decisiones.
Respecto a Velásquez, la Corte de Constitucionalidad (CC) instruyó, la noche del 16 de este mes, a Morales, “permitir el ingreso al territorio nacional del comisionado”-a quien no mencionó por su nombre-, y le advirtió que ello “deberá realizarse en armonía con lo que establece el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento” de la Cicig.
El tribunal advirtió, además, que la no autorización implicará el incumplimiento de la disposición.
“Se considerará incumplida la orden (…) en el momento en el que no se permita el ingreso al territorio guatemalteco del Comisionado”, planteó la corte en la resolución de 11 páginas leída, en conferencia de prensa, en la sede del tribunal ubicada en el centro de Guatemala, la capital nacional.
Sin embargo, el gobierno conminó, en un comunicado emitido la mañana siguiente, a la Secretaría General de las Naciones Unidas, a que, en un plazo de 48 horas, sugiriese un nuevo titular de la Cicig.
El planteamiento fue formalizado, mediante nota diplomática, por la cancillería de Guatemala, de acuerdo con la información oficial, según la cual, la designación debía llevarse a cabo con el asentimiento guatemalteco.
El comunicado fue leído, en breve conferencia de prensa, por la canciller guatemalteca, Sandra Jovel.
Desde que asumió el cargo, para el período 2016-2020, Morales ha mantenido una creciente confrontación con la Cicig, particularmente con Velásquez.
El presidente ordenó, el año pasado, la expulsión del comisionado, pero la decisión fue anulada por la CC.
La comisión, junto con el Ministerio Público (MP) guatemalteco, inició investigaciones sobre casos de corrupción que han involucrado a Morales lo mismo que a allegados.
El grupo de trabajo viene operando, desde 2006, mediante prórrogas periódicas de su mandato, la más reciente de las cuales vence en setiembre de 2019.
El acuerdo de creación de la Cicig, suscrito el 12 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala –entonces presidido (2004-2008) por el ex alcalde capitalino Oscar Berger-, define al grupo como un órgano independiente de apoyo al MP, a la Policía Nacional Civil (PNC), y a otras entidades estatales guatemaltecas.
Ello, para facilitar la investigación de lo que en el convenio de 15 artículos se define como casos delicados y difíciles, y, en materia de seguridad, lograr la desarticulación de cuerpos ilegales armado y otras estructuras clandestinas.
