George Rodríguez EP. Al dejar sin efecto el convenio entre Guatemala y Naciones Unidas, para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, encamina a Guatemala hacia un régimen dictatorial, como lo ha hecho su colega Daniel Ortega, en Nicaragua, advirtió la madrugada de este martes el Procurador de los Derechos Humanos (ombudsman) guatemalteco, Jordán Rodas.
“No queremos que Guatemala llegue a ser una dictadura como la hay en Nicaragua”, planteó Rodas, a periodistas, tras haber presentado, los últimos minutos del lunes, un recurso de amparo, en la Corte de Constitucionalidad (CC), contra la decisión de Morales.
Rodas planteó, en el recurso, que Morales actuó sin fundamento.
El mandatario “no citó ningún acuerdo, ni existe alguna publicación en el diario oficial, para que (la decisión) surta efectos legales”, de acuerdo con lo señalado por el procurador.
Rodas también cuestionó el entorno mediático generado por Morales, anunciar en conferencia de prensa, el lunes, la decisión, ya que se hizo acompañar de personas quienes, según el mandatario, fueron perjudicadas por acciones de la Cicig.
El anuncio “parecía un reality show, y no una conferencia de un país”, dijo el funcionario, quien, al señalar que el presidente suele actuar “con base en reacciones hepáticas, de rabia”, exhortó al mandatario y a la canciller guatemalteca, Sandra Jovel, a “ser más serios” y más “respetuosos del quehacer que tienen como funcionarios” gubernamentales.
El recurso fue presentado a raíz de que, el lunes, Morales anunció la unilateral terminación, “inmediata y definitiva”, del convenio suscrito, en 2006, por Guatemala y Naciones Unidas, para la creación de la Cicig.
Morales adujo que el grupo de trabajo incurrió en graves violaciones en materia de derechos humanos, sin que el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, haya actuado para enmendar esas acciones.
“Funcionarios de la Cicig violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país (…) violaciones atentan contra la misma carta de las Naciones Unidas, la Constitución de Guatemala y el acuerdo de la creación de la Cicig”, afirmó.
El mandatario informó que la decisión de su administración fue comunicada al jerarca de la organización mundial.
“Hemos entregado oficialmente al secretario general de la ONU, António Guterres, la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de la Cicig, sin responsabilidad para el Estado de Guatemala”, indicó.
Tanto el presidente como la canciller, formularon fuertes críticas a Guterres, a quien acusaron de haber actuado negativa y arbitrariamente.
Morales aseveró que, en lugar de procurar medidas frente al supuesto comportamiento incorrecto de los funcionarios de la Cicig, Guterres optó por una conducta de “silencio, pasividad y negativa”, lo que resultó en una sensación de “incertidumbre nacional sobre actuar de la Cicig”.
Según la canciller, por apoyar al jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, el secretario general minó la labor del equipo de trabajo.
“Es lamentable que el secretario general, por mantener a una persona, sacrificó el funcionamiento total de la Comisión. Por lo tanto, se le comunicó, al secretario general, que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado por Guatemala y la Secretaria General de las Naciones Unidas”, afirmó Jovel.
La ministra aludió así al largo enfrentamiento protagonizado por Morales y Velásquez, confrontación que derivó en la declaración del jefe de la Cicig, como persona no grata, el año pasado, por parte del gobierno, después de un intento por expulsarlo de Guatemala, lo que fue frustrado por la CC.
Desde que asumió el cargo, para el período 2016-2020, Morales ha mantenido una creciente confrontación con la Cicig, particularmente con Velásquez –el tercer jefe de la comisión, después del fiscal español Carlos Castresana (2007-2010) y el ex fiscal general costarricense Francisco Dall’Anese (2010-2013)-.
La comisión, junto con el Ministerio Público (MP) guatemalteco, inició investigaciones sobre casos de corrupción que han involucrado a Morales lo mismo que a allegados.
El grupo de trabajo viene operando, desde 2006, mediante prórrogas periódicas de su mandato, la más reciente de las cuales vence en setiembre de 2019.
El acuerdo de creación de la Cicig, suscrito el 12 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala –entonces presidido (2004-2008) por el ex alcalde capitalino Oscar Berger-, define al grupo como un órgano independiente de apoyo al MP, a la Policía Nacional Civil (PNC), y a otras entidades estatales guatemaltecas.
Ello, para facilitar la investigación de lo que en el convenio de 15 artículos se define como casos delicados y difíciles, y, en materia de seguridad, lograr la desarticulación de cuerpos ilegales armado y otras estructuras clandestinas.
