George Rodríguez EP. Es necesario garantizar la seguridad del presidente de la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- de Venezuela, el diputado opositor Juan Guaidó, así como de todos los integrantes de ese organismo legislativo, planteó, este jueves, la embajadora de Costa Rica en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Montserrat Solano.
Ello, para que los legisladores ejerzan, sin limitación alguna, sus respectivos cargos, precisó la embajadora, al referirse a Guaidó, quien se autoproclamó, el miércoles, presidente interino de Venezuela.
“Insistimos en que se garantice la seguridad y la protección del Presidente interino Juan Guaidó y de todos los miembros de la Asamblea Nacional y sus familiares, y se les permita ejercer, sin limitaciones, las atribuciones que les fueron encomendadas legítimamente por el pueblo de Venezuela”, dijo Solano, al participar en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada para seguir abordando la crisis socio económica, política y de seguridad que hace años golpea a ese país.
Solano reafirmó, asimos la posición de Costa Rica en el sentido de que no reconoce la legitimidad del segundo período presidencial consecutivo iniciado, el 10 de enero, por Nicolás Maduro.
“Costa Rica ratifica hoy que no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, que se inició el pasado 10 de enero de 2019”, subrayó la diplomática.
Ello, debido a la irregular votación presidencial del año pasado, que aseguró, a Maduro, la reelección, además de se ha roto el orden constitucional venezolano, precisó.
“Como ya lo hemos indicado en varias ocasiones, el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 careció de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para que sea considerado un proceso democrático, libre, justo y transparente”, expresó, para indicar que, “además, hemos condenado la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela”.
Al destacar la histórica defensa costarricense de la democracia, Solano destacó la necesidad de protección de los derechos humanos en ese caribeño país sudamericano.
“Costa Rica, consecuente con su compromiso con la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y consciente de la necesidad de que en Venezuela se respeten los derechos humanos conforme al derecho internacional, se unió al llamado a la comunidad internacional para unir esfuerzos y llamar para que el orden constitucional sea restablecido en Venezuela a la brevedad posible”, expresó.
Por ello, el país centroamericano respalda a la Asamblea Nacional como institución guía hacia el restablecimiento del sistema democrático venezolano, agregó.
“En consecuencia, apoyamos las medidas que adopte la Asamblea Nacional, para que ese país retome un camino de paz, democracia y reconstrucción de su prosperidad”, subrayó Solano, una experta en derechos humanos, periodista y ex defensora de los Habitantes.
Durante la sesión anterior que dedicó al caso de Venezuela, el Consejo Permanente de OEA resolvió, el 10 de enero desconocer la legitimidad del nuevo período presidencial (2019-2025) iniciado, ese día, por Maduro.
La resolución fue aprobada por 19 de los 33 países miembros participantes en esa sesión extraordinaria -los votos en contra fueron seis, y las abstenciones sumaron ocho-.
El consejo decidió, en esa fecha, “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”, indicó el organismo continental, en el texto que contiene nueve puntos resolutivos.
También planteó la necesidad de llevar a cabo una nueva elección presidencial, en ese caso, transparente y con monitoreo internacional.
El consejo aludió así al hecho de que la mayoría de los países americanos considera que la elección presidencial llevada a cabo en mayo de 2018 no reunió las condiciones para ser considerada como válida, entre otros motivos, por la escasa participación de partidos políticos.
En ese sentido, resolvió “hacer un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales”.
Además, llamó a la adopción de las medidas diplomáticas y afines necesarias que ayuden al restablecimiento de la democracia venezolana.
Al respecto acordó “urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los Observadores Permanentes de la OEA, a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela”.
Asimismo, señaló la necesidad de atender la crisis humanitaria generada por el éxodo de millones de venezolanos quienes huyen, hacía países principalmente latinoamericanos, de la crisis en su nación de origen.
Esa reunión del Consejo Permanente se llevó a cabo en la sede de la OEA, en Washington, mientras en Caracas, la capital venezolana, Maduro era juramentado para ejercer su segundo mandato presidencial consecutivo.
La severa crisis venezolana ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos tres millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, además de otras naciones, de manera destacada Ecuador y Perú.
Además de la represión antiopositora por parte del gobierno venezolano, quienes abandonan el país denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la falta general de oportunidades.
