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La represión y la violencia llevadas a cabo, por fuerzas policiales, grupos paramilitares y civiles progubernamentales armados, contra manifestantes opositores, se han agudizado, señalaron los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en un Mensaje Pastoral.
Se trata de acciones tan condenables como lo son las agresiones a religiosos, periodistas, y defensores de los derechos humanos, lo mismo que los ataques a templos católicos, advirtieron, asimismo, en el texto de nueve puntos contenidos en cuatro páginas.
“Hoy, como nunca, los Derechos Humanos están siendo violentados en Nicaragua”, aseguraron.
“En los últimos días se ha recrudecido la represión y la violencia por parte de los paramilitares pro-gubernamentales hacia las personas que protestan cívicamente”, indicaron los obispos, quienes señalaron, además, que lamentaron las víctimas fatales, los heridos que la violencia ha generado.
La población civil es, además, blanco de secuestro, detención arbitraria, además de otros abusos, lo que se suma a la campaña estigmatizadora que el gobierno mantiene contra los opositores participantes en el Diálogo Nacional, los activistas de derechos humanos, precisaron.
“Son condenables jurídica y moralmente los ataques perpetrados por la Policía Nacional, por grupos paramilitares pro-gubernamentales y turbas azuzadas para agredir y sembrar terror al pueblo que se manifiesta cívicamente”, como lo es “todo acto de profanación sacrílega contra la Iglesia, ya sea en sus consagrados o en sus templos”.
En tal contexto, los obispos recordaron, a la administración del presidente Daniel Ortega, su obligación constitucional en cuanto a la protección y el respeto a la vida de las personas, incluidas las que participan en manifestaciones.
“Recordamos que es deber del gobierno proteger y respetar la vida de los nicaragüenses. Incluyendo los que protestan cívicamente”, ya que la Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 26 establece que “Toda persona tiene derecho: 1) A su vida privada y a la de su familia. 2) A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo. 3) Al respeto de su honra y reputación. 4) A conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información”.
El mensaje fue emitido horas después de que, en el marco de un ataque de aproximadamente 18 horas de duración –desde la tarde del viernes hasta la mañana del sábado-, grupos paramilitares dispararon, reiteradamente y en ráfagas, armas de alto calibre, contra la sede de la Universidad Nacional autónoma de Nicaragua (UNAN) den Managua, la capital nacional, baleando a varios de los aproximadamente cien estudiantes en el interior y matando a dos.
La acción se enmarcó en la crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la protesta generalizada se centró en la masiva exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
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