George Rodríguez EP. El potencial riesgo de violencia gubernamental contra la manifestación pacífica convocada por organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua, para el fin de semana, en apoyo a los obispos de ese país, puede evitarse solamente si las fuerzas de seguridad no actúan, dijo este jueves el obispo Carlos Avilés.
Al llamar a participar en esa marcha, la sociedad civil organizada ejerce el derecho a la protesta pacífica, aseguró Avilés, asesor de la Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Propuesto por el gobierno y con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo, el diálogo apunta a hallar solución negociada a la actual crisis que convulsiona a ese país centroamericano.
“Movimientos de la sociedad civil y universitarios convocaron a la población a participar en una peregrinación, por los obispos, el próximo sábado 28 de julio en Managua”, dijo Avilés. “Cómo se puede evitar que una vez más cuando se reúnen en manifestaciones, estén marcados por la violencia?”, preguntó a continuación.
Las autoridades deben abstenerse de reprimir, planteó el sacerdote.
La reiterada violencia antiopositora puede evitarse mediante “sólo el llamado al gobierno a que retire fuerzas de choques y fuerzas de la policía y de los paramilitares, porque la violencia es de un sólo lado, la sociedad civil organizada está ejerciendo un derecho civil básico, es el de protestar pacíficamente y eso no se puede negar. Y siempre en el marco pacífico se pueden llamar a las autoridades a no reprimir, a no violentar este derecho básico”, planteó.
El obispo hizo así alusión a la violencia que caracteriza a la crisis sociopolítica que hace más de tres meses golpea a Nicaragua, con saldo de centenares de víctimas fatales, contexto en el cual templos católicos, así como sacerdotes –incluidos algunos obispos-, han sido blanco de agresión por parte de grupos armados progubernamentales.
No obstante, la Iglesia católica opta permanentemente por la racionalidad del diálogo, precisó.
“La Iglesia siempre va a optar por la palabra, por el diálogo, jamás se va a cerrar, siempre estará invocando hablar como seres racionales, como seres pensantes”, porque “no se puede llegar nunca al uso de la violencia e instar la violencia”, de modo que, “por eso, la Iglesia se mantiene con esta actitud de llamar al diálogo, de llamar a las conciencias”, subrayó.
Se trata de la posición eclesiástica de acompañamiento y solidaridad, y a favor de la paz, explicó Avilés.
“La Iglesia siempre estará del lado del pueblo, apoyándolo, ayudándolo, con un pacifismo radical y un humanismo radical. Ayudando a toda persona que se acerque a nuestros templos, ayudándole y ofreciéndole todo lo que se pueda”, aseguró.
En alusión a los tres periodos consecutivos en que Daniel Ortega ha desempeñado la presidencia de Nicaragua (2007-2012, 2012-2017, 2017-2022) -ahora con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta-, Avilés denunció concentración de poder por parte de la pareja gubernamental.
“Ya son muchos años que no hay paz, se vive con ilegalidad y con falta de institucionalidad. Los únicos que hablan siempre son el presidente y la vicepresidente, ningún alcalde, ministro, nadie sólo ellos dos. Nunca hay ningún informe de nadie, porque así lo quiere le presidente. El sistema judicial y electoral están plegados a ellos dos, tienen plegada la policía, a los juzgados, a todas las fueras, no hay diferencia de instituciones que equilibren el poder”, explicó.
Ello ha fortalecido el clamor popular por la inmediata renuncia de Ortega y Murillo y el adelanto de las elecciones programadas para 2021, según el líder religioso.
Dado el dramático contexto sociopolítico nicaragüense actual, se requiere que la comunidad internacional exteriorice solidaridad internacional hacia el pueblo, ante la represión gubernamental, y ejerza presión sobre la administración de Ortega, para que no limite la democracia, reflexionó.
Se trata de que “la comunidad internacional preste un poco de atención a Nicaragua, que se solidaricen, que la apoyen, que esto no es una guerra de dos bandos armados. Esto es una propuesta pacífica que está siendo violentamente reprimida y en forma impune. Todos nos sentimos frustrados, atemorizados. Pedimos una solidaridad de parte de la comunidad internacional y que sigan presionando al gobierno de Nicaragua, a que haga lo correcto para la democratización del país. Es eso lo que se está pidiendo”, expresó.
La conflictiva situación se originó, el 18 de abril, en el decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en ignorar la masiva demanda e intensificar la represión policial y parapolicial antiopositora.
Presentes en la instalación del Diálogo Nacional, el 16 de mayo, Ortega y Murillo fueron blanco de severas críticas de parte de la representación, en las conversaciones, de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Interrumpido tres veces, a causa de la intransigencia de gobierno y oposición, el proceso está actualmente suspendido, sin fecha prevista para su eventual reinicio.
El propósito del diálogo consiste en lograr una solución negociada a la violenta crisis sociopolítica que hasta ahora registra saldo superior a 350 víctimas fatales, y más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daños económicos en gran escala.
