George Rodríguez EP. El total provisional de fallecidos en el marco de la violenta crisis política que golpea a Nicaragua es superior a 300, informó este martes la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Casi todas las víctimas son civiles, la mayoría está constituida por hombres en el grupo etario de 18 a 40 años, y más de la mitad falleció a causa de impactos de bala, de acuerdo con el informe que la ANPDH dio a conocer en conferencia de prensa.
La asociación informó que, en los más de dos meses desde el estallido de la crisis, 309 personas han fallecido en el marco de la violencia, 253 de las cuales murieron baleadas. De ese total, 297 (96 por ciento) correspondió a civiles, frente a 12 (cuatro por ciento) de bajas en filas policiales.
Las víctimas han sido mayoritariamente hombres –292 (94 por ciento), además de 17 mujeres (seis por ciento)-, de acuerdo con las cifras del informe reveladas por el presidente de la ANPDH, Álvaro Leiva, durante el diálogo con periodistas.
La mayoría está, además, constituida por jóvenes en el grupo etario de 18 a 30 años (un 39 por ciento) y de 31 a 40 años (un 17 por ciento), mientras los fallecidos menores de 17 años representan ocho por ciento.
Solamente durante la semana del 25 de junio al 2 de julio, 24 personas murieron en el marco de la crisis, lo que significa un promedio de aproximadamente tres por día.
Por otra parte, de los 203 desaparecidos que la ANPDH ha registrado, se logró la liberación de 45, mientras los otros 158 permanecen sin localizar.
Leiva informó, asimismo, sobre la existencia de centros policiales clandestinos de detención.
“Hemos determinado que pueden ser trasladados para ocultar la evidencia de la violación de los derechos humanos”, indicó el presidente de la ANPDH, quien agregó, al respecto, la necesidad de coordinación, “de los organismos internacionales junto con los organismos nacionales (…) de manera articulada, para facilitar el trabajo y para lograr la investigación y la justicia que demanda las víctimas”.
En ese sentido, destacó la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dos de cuyas principales autoridades están en Nicaragua.
“Tengo la plena confianza que la CIDH en el trabajo que va a realizar, pero debe tener mucha claridad en sus operaciones de trabajo”, precisó.
Al iniciar la presentación del informe, Leiva advirtió que la violenta crisis está fuera de control, tanto en términos de ausencia seguridad como de violación de las garantías fundamentales.
“Vamos a presentar, tristemente, un informe preliminar”, planteó, para agregar que “la seguridad ciudadana (así) como los derechos humanos están en una profunda crisis sin control”.
El documento de la ANPDH fue presentado un día después de que la CIDH dio a conocer la integración del Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI).
Se trata de Amerigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz, Pablo Parenti, indicó la CIDH, en un comunicado.
Los cuatro expertos son “personas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos”, indicó la agencia especializada de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el texto difundido en Managua, la capital nicaragüense.
Los integrantes del GIEI, quienes tienen la misión de ayudar en el proceso de investigación de hechos violentos en la presente crisis política nicaragüense, cuentan con experiencia en temas tales como solución de situaciones de crisis, restablecimiento democrático, impunidad, entre otros, informó este lunes la CIDH.
El GIEI fue creado por acuerdo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, firmaron el 30 de mayo, en la sede de la organización continental, en Washington.
El grupo tiene “la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para la investigación de los hechos de violencia, y, entre otros cometidos, debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”, según el convenio.
El acuerdo de cuatro páginas fue firmado por el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, junto con el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.
Moncada es, además, el jefe de la delegación gubernamental en el Diálogo Nacional que, convocado por la administración Ortega y mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), procura solución negociada a la violenta crisis política que convulsiona, desde el 18 de abril, a ese país centroamericano.
Instalado el 16 de mayo, el complejo diálogo –en el cual la parte opositora está representada por la multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia- ha sufrido recurrentes interrupciones causa de la inflexibilidad de las posiciones que presentan las dos partes en pugna.
Estallada el 18 de abril, a raíz de fracasadas reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la crisis se enmarca ahora en la exigencia de la mayoría de la población en el sentido de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos, algo a lo cual el matrimonio gobernante no ha accedido.
