George Rodríguez EP. Policía Nacional de Nicaragua anunció, este viernes, que resolvió no autorizar la manifestación organizada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La decisión responde, entre otras razones, a que el propósito de los organizadores es el de llevar a cabo acciones terroristas, de acuerdo con lo indicado en una Resolución firmada por el jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional, el comisionado general Luis Fernando Barrantes.
“Resuelvo: Primero: No autorizar la movilización y manifestación que pretende realizar el día domingo 25 de noviembre 2018, la autodenominada Unidad Nacional Azul y Blanco”, informó Barrantes, en el texto de cinco considerandos y un punto resolutivo.
La medida responde a que se trata de personas cuyo objetivo consiste en promover actos de terrorismo, además de que son investigadas por haber participado en el intento golpista, agregó el jefe policial, usando la definición gubernamental de la violenta crisis sociopolítica que golpea, hace más de siete meses, a ese país centroamericano.
“El propósito de estas personas es continuar promoviendo actos vandálicos y terrorismo para afectar a las familias nicaragüenses”, planteó, para agregar que “la Policía Nacional no autoriza, ni autorizará Movilizaciones Públicas a Personas, Asociaciones o Movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de estado que ha dejado secuelas de traumas, luto, dolor a las familias nicaragüenses”.
La Policía Nacional emitió la Resolución en el marco de la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos, pero la respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión tanto policial como parapolicial.
La dramática situación también ha causado daño de consideración a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
