George Rodríguez EP. La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció este marte la decisión de mantener vigente el Diálogo Nacional en procura de solución a la violenta crisis sociopolítica que hace más de dos meses golpea al país.
Ello, sin perjuicio de la persistente represión antipopular lo mismo que de la agresión de que algunos obispos y otros sacerdotes fueron víctimas el lunes, en una comunidad en el suroeste nicaragüense, agregaron integrantes de la CEN, luego de una reunión llevada a cabo en el Seminario de Fátima, en un sector de Managua, la capital nacional.
La convocatoria se formulará al final de esta semana, precisaron respecto a las complejas conversaciones entre gobierno y oposición actualmente interrumpidas a causa de la intransigencia de ambas partes.
“No nos retiramos pese a la hostilidad del gobierno. Seguimos creyendo que el diálogo es el camino para superar la violencia en Nicaragua, por tanto, no abandonaremos el diálogo”, declaró el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
Los obispos formularon el anuncio un día después de que integrantes de la CEN y otros sacerdotes fueron víctimas de agresión en la localidad de Diriamba, incidente durante el cual Báez sufrió una herida en su antebrazo derecho.
Los religiosos, entre ellos Báez, el presidente de la CEN y arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, llegaron la mañana del lunes, a Diriamba, para apoyar a la población luego de la represión policial y parapolicial del fin de semana en ese y otros lugares del departamento, incluida Jinotepe, la capital provincial.
Allí fueron agredidos por turbas –grupos de simpatizantes gubernamentales armados- que los insultaron, además de golpearlos.
Horas después, el gobierno nicaragüense, presidido por Daniel Ortega, emitió una declaración de seis párrafos en la que se declaró dispuesto a abordar el tema de la democratización una vez resuelto lo que definió como el problema del terrorismo practicado en los “tranques” –bloqueos carreteros opositores-.
La administración Ortega aludió así a dos temas que se han constituido en los principales obstáculos para el avance del diálogo, ya que el gobierno no ha estado anuente a priorizar el debate referido a democratización mientras que la oposición no lo ha estado en lo atinente a la eliminación de los tranques a nivel nacional.
“Reiteramos, como lo hemos expresado en todo momento, nuestra plena disposición de escuchar todas las propuestas e iniciativas, dentro del marco constitucional, institucional y las leyes que rigen a nuestro país, a fin de que se puedan consensuar para su aprobación”, planteó el gobierno.
Previamente, debe abordarse temas tales como paz, seguridad, cese del terrorismo, libre tránsito de las personas y de los vehículos de transporte lo mismo público que privado, puntualizó.
“Sólo abordaremos otras agendas específicas en el Diálogo Nacional relacionadas con el proceso de Democratización (…) una vez atendido y resuelto de forma verificable el gravísimo problema del terrorismo, la inseguridad y la violencia, ejercida en Nicaragua por quienes se han propuesto alterar por la vía de hecho nuestro Orden Jurídico y Constitucional, utilizando el terrorismo que se ha practicado sistemáticamente en los tranques convertidos en zona de violencia, tortura y secuestro”.
Al respecto, el obispo de Jinotega, Carlos Herrera, aseguró este martes que “no es terrorismo que la población pida por democracia, justicia y libertad”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitieron, también el lunes, un comunicado conjunto en el que condenaron la violencia policial y parapolicial del fin de semana, principalmente en Diriamba y otros sectores del departamento (provincia) de Carazo.
Ambas entidades “condenan enérgicamente los graves hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas de Nicaragua este fin de semana, que habrían dejado alrededor de 20 personas fallecidas, entre ellas, al menos dos policías, y decenas de heridos. Condenamos asimismo la estigmatización y persecución de personas defensoras de derechos humanos y otros actores en el proceso de Diálogo Nacional”.
También exhortaron a la desarticulación de los grupos parapoliciales, y, en ese sentido, expresaron rechazo a la agresión de que fueron objeto los sacerdotes.
“La CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado reiteran el llamado al desmantelamiento urgente de los elementos armados pro-gubernamentales”, además de que “rechazan enfáticamente (…) las agresiones sufridas por varios integrantes de la Iglesia Católica”, a raíz de que “fueron agredidos por al menos 100 personas, quienes le profirieron insultos, amenazas y golpes. Varios periodistas presentes también sufrieron agresiones, incluyendo golpes y robo de su equipo”, según lo indicado en el texto.
Los incidentes tuvieron lugar en el marco de la violenta crisis sociopolítica nicaragüense que, estallada el 18 de abril –a raíz de un fracasado decreto presidencial que contenía reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)-, ha cobrado más de 300 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, y causado fuerte daño económico.
