George Rodríguez EP. Nicaragua registra indicios de represión selectiva contra manifestantes opositores, mientras se intensifica la violencia de grupos progubernamentales armados, en el marco de la crisis política que hace más de dos meses afecta a ese país, denunció este jueves la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Centenares de personas han sido objeto de detención arbitraria, informó, además, la Oacnudh, en un comunicado que emitió en la ciudad suiza de Ginebra, sede de la agencia especializada internacional.
Citado en el texto, el titular de la Oacnudh, Zeid Ra’ad Al Hussein, solicitó, al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, el cese de la represión y la desarticulación de las estructuras de simpatizantes progubernamentales armados, responsables de la escalada de violencia.
“Hay señales alarmantes de represión selectiva e intimidación contra manifestantes y sus familias, estudiantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la Iglesia Católica, entre otros”, indicó la Oacnudh.
Un equipo que la oficina envió a Nicaragua, y que permaneció allí del 26 de junio al 3 de julio, recibió quejas sobre el ambiente de intimidación e inseguridad generado, en comunidades a nivel nacional, por la presencia de grupos progubernamentales armados, y denuncias de simpatizantes del gobierno en el sentido de que fueron blanco de agresiones y de amenazas de linchamiento, señaló.
“La violencia por parte de los elementos armados progubernamentales ha seguido intensificándose, en particular contra las comunidades que han erigido barricadas o tranques como forma de protesta o como medio de autoprotección”, planteó.
Al mismo tiempo, Al Hussein subrayó la necesidad de que termine la represión policial y parapolicial, que los grupos armados progubernamentales sean desmantelados, y se enjuicie a los responsables de esos grupos.
“Pido al gobierno que cese la violencia estatal y desmantele a los elementos armados progubernamentales, quienes de forma creciente han sido responsables de la represión y los ataques. Aquellos que han instigado o permitido que estos elementos armados actúen también deben rendir cuentas ante la justicia”, expresó el comisionado.
El funcionario internacional atribuyó el contexto violento de la crisis política nicaragüense a los que describió como el sostenido desgaste del respeto a los derechos humanos y la fragilidad de la estructura institucional.
“La violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril, son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho”, explicó.
El comisionado agradeció, al gobierno, la invitación, a la Oacnudh, a visitar Nicaragua, en referencia a la decisión adoptada, por la administración Ortega, a raíz de intensa presión de los sectores de oposición reunidos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Al Hussein expresó que, no obstante ello, “en estos momentos urjo a las autoridades a tomar medidas reales para reconocer la gravedad de la situación y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, incluyendo la adopción de medidas adecuadas para proteger a la población y evitar más muertes”.
Durante su estadía de una semana en Nicaragua, el grupo de trabajo de la Oacnudh escuchó relatos de personas afectadas por la violencia que cotidianamente viene afectando, hace más de 70 días, a la población.
“Mi equipo escuchó testimonios de profunda frustración y desesperación, así como de miedo generalizado. Es necesario establecer garantías reales para que las personas puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. También hay que garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, recomendó.
El Estado nicaragüense debe, asimismo, garantizar que, mediante investigación seria, se establezca la verdad detrás de la violencia que sostenidamente padece la población.
“Exhorto al Estado a garantizar la realización de investigaciones efectivas, independientes, imparciales y rápidas para establecer la verdad y asegurar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos cometidos desde abril”, declaró.
La Oacnudh informó, en el comunicado, que mantendrá su presencia, en Nicaragua, para monitorear, en el terreno, la situación de los derechos humanos, y para proporcionar a las autoridades la asistencia técnica que requieran.
También indicó que coordinará actividades con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también mantiene personal activo en el país.
Estallada el 18 de abril, a causa de un fracasado decreto presidencial que buscaba reformar el régimen de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la violenta crisis política nicaragüense ha cobrado por lo menos 309 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, y causado millonario daño a la infraestructura tanto vial como edilicia y a la economía.
