George Rodríguez EP. La disolución del Banco Corporativo (Bancorp), recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, evita la contaminación del Sistema Financiero Nacional (SFN) de Nicaragua, aseguró, en declaraciones difundidas este jueves, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
La disolución del privado Bancorp evitó que se implementara la legislación aprobada, el 8 de marzo, por la Asamblea Nacional –parlamento unicameral-, para convertirlo en el estatal Banco Nacional (BN), aseguró Aguerri, al periódico local El Nuevo Diario (END).
“Lo que estaba haciendo el gobierno, de convertir a Bancorp en un banco estatal, no tenía futuro, sabiendo que Estados Unidos iba a ajustar esa sanción, y no iba a permitir, en ningún momento, que pudiera nacer ese banco (el BN)”, dijo el líder empresarial nicaragüense.
La medida evitó la conversión en Bancorp en BN, lo que habría contaminado al SFN, incluido el Banco Central de Nicaragua, expresó.
“El hecho de que haya sido así, te garantiza que no tengás que ver contaminado al resto del sistema (…) incluyendo al Banco Central, y eso sí sería una irresponsabilidad mayúscula”, reflexionó.
Aguerri aludió así a la solicitud de disolución, formulada el miércoles, por la Junta General de Accionistas de Bancorp, a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif).
La junta planteó, en carta que el representante legal de Bancorp, Luis Bárcenas, dirigió a la titular de la Siboif, Marta Mayela Díaz, que solicitaba autorización para “proceder a la disolución voluntaria anticipada” de la entidad.
Ello, debido a la reciente sanción de la Oficina de Control de Bienes Foráneos (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense contra la institución bancaria privada, indicó Bárcenas, al tramitar la decisión unánime de la junta.
La entidad financiera “se encuentra imposibilitada de seguir haciendo negociaos debido a la sanción impuesta” por la OFAC, puntualizó.
Los estadounidenses departamentos de Estado y del Tesoro informaron, el 17 de abril, sobre la aplicación de sanciones a Bancorp, así como a Laureano Ortega –hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo-.
El Departamento de Estado norteamericano informó que, mediante la acción, enmarcada en una Orden Ejecutiva (Executive Order, EO), congeló todo bien que tanto Laureano Ortega como Bancorp posean en territorio estadounidense.
Por su parte, al informar, simultáneamente, al respecto, el subsecretario del Tesoro para Inteligencia sobre Terrorismo y Financiera, Sigal Mandelker, precisó las razones de la sanción.
“El Tesoro está sancionando, a Laureano Ortega Murillo y a BanCorp, por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para lucro personal del régimen de Ortega”, por lo que “estas acciones envían un mensaje, a todos quienes continúen apoyando al régimen de Ortega, que existe un alto precio a pagar por abusar de la economía nicaragüense y su pueblo”, advirtió el funcionario, citado en el extenso comunicado emitido por el Departamento del Tesoro.
El departamento explicó, detalladamente, el alcance y el contexto de las sanciones, lo mismo que el papel de la OFAC, en tales acciones.
“Como resultado de las acciones de hoy, cualquier propiedad o interés en propiedad de estas personas, y de cualquier entidad de las que estas personas sean propietarias directas o indirectas, en 50 por ciento o más, que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben comunicarse a la OFAC”, agregó el Departamento del Tesoro.
En ese sentido, los ciudadanos estadounidenses tienen, además, prohibido realizar transacciones con esas propiedades, planteó, además.
“Las regulaciones de la OFAC por lo general prohíben toda transacción, por parte de personas estadounidenses dentro de –o en tránsito por- Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés en propiedad de las personas bloqueadas o designadas”, precisó.
En cuanto a BanCorp, el departamento describió al banco como una estructura de apoyo a Murillo, a su vez, sancionada el año pasado por la dependencia gubernamental estadunidense.
Se decidió sancionar a esa entidad bancaria nicaragüense “por haber materialmente asistido, patrocinado, o proporcionado apoyo financiero, material, o tecnológico a, o bienes y servicios en apoyo de la vicepresidenta Rosario Murillo, una persona cuyas propiedades y cuyos intereses en propiedad están bloqueados según la EO 1385”, y por haber actuado de igual manera respecto a “cualquier transacción o serie de transacciones que hayan implicado corrupción por, o en nombre de, o de alguna manera relacionada con el Gobierno de Nicaragua o algún actual alto funcionario del Gobierno de Nicaragua”, señaló.
BanCorp fue creado como estructura financiera subsidiaria de la empresa Alba de Nicaragua SA (Albanisa), financiada por el gobierno venezolano, y, en tal contexto, fue usado para legitimar y ocultar fondos de Albanisa, agregó.
“Se ha denunciado que BanCorp es también usado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del presidente Ortega para lavar dinero”, además de que, “desde 2018, BanCorp ha sido un santuario para personas sancionadas por OFAC, permitiendo que individuos designados sigan disfrutando de privilegios bancarios y de su riqueza ilícitamente obtenida”, puntualizó.
Las sanciones fueron anunciadas un día antes de cumplirse un año desde el inicio de la violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua.
Estallada el 18 de abril de 2018, la dramática situación nicaragüense ha generado centenares de víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, además de daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente, a la limítrofe Costa Rica, donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega y Murillo, así como cualquier otra expresión de oposición, han sido, sistemáticamente, objeto de fuerte represión por parte de agentes policiales –principalmente, antidisturbios- y fuerzas parapoliciales actuando en conjunto.
La represión antiopositora, que se lleva a cabo lo mismo masivamente -contra marchas callejeras y otras actividades públicas- que selectivamente -mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, se ha centrado, más frecuentemente, en medios de comunicación y periodistas independientes así como en organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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