Nicaragua: alianza opositora regresará a negociación cuando gobierno demuestre que cumpla acuerdos

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George Rodríguez EP. La opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) anunció, este martes, disposición a reintegrarse a la negociación con el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuando el régimen demuestre que, tal como afirma, está cumpliendo los acuerdos logrados hasta ahora en las conversaciones bipartitas para superar la violenta crisis sociopolítica que hace un año afecta al país.

“La Alianza Cívica, está dispuesta a reintegrarse a la mesa de negociación, si el gobierno, en lugar de seguir haciendo promesas, da pruebas de que está implementando los acuerdos suscritos”, Carlos Tünnermann, vocero de la agrupación, en diálogo con periodistas.

Se trata de que el régimen orteguista demuestre, fehacientemente, que tiene voluntad de implementar lo acordado, entre otros temas, en materia de liberación de presos políticos, precisó.

Es necesario que el gobierno pruebe “que va a cumplir los acuerdos –como, por ejemplo, liberación de presos y personas detenidas, que dé una prueba sobre eso-, que dé una prueba sobre los acuerdos suscritos en cuanto al derecho de manifestación”, indicó.

Tünnermann, un ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, formuló las declaraciones luego de que la delegación de la ACJD en las conversaciones entregó, a los dos testigos y acompañantes internacionales de la negociación, y garantes de los acuerdos, una carta en la que el equipo negociador opositor denunció una serie de incumplimientos gubernamentales respecto a los acuerdos logrados hasta ahora.

“El 27 y 29 de marzo pasado se suscribieron en la Mesa de Negociación con el gobierno de Nicaragua dos acuerdos, relativos a la liberación de los presos políticos y al restablecimiento de los Derechos y Garantías. En días posteriores le remitimos cartas en las que señalamos diversos hechos que constituyen violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses y a dichos acuerdos”, indicó la alianza, en el texto de tres páginas dirigido a los dos participantes internacionales.

Se trata del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag –representante del Vaticano-, y Luis Ángel Rosadilla -representante de la Secretaría General (SG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)-.

“El 3 de abril informamos a la ciudadanía que no se había llegado a acuerdos en los temas de justicia y democracia, indicando que el trabajo de la Alianza Cívica se enfocaría en el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos alcanzados, siendo el gobierno el responsable de su implementación”, agregó, la ACJD, en la carta, y precisó que, “a esta fecha, ya el gobierno debió implementar los diversos puntos acordados”.

Uno de los acuerdos incumplidos por el régimen, se refiere al fortalecimiento de derechos y garantías ciudadanas, detalló la ACJD.

“El punto 18 del acuerdo establece que su implementación iniciará a partir de la firma -29 de marzo-, sin embargo, esto no se ha producido”, denunció la alianza, para agregar que “en las celdas policiales principalmente continúan encarceladas personas que tienen más de 48 horas de detención”, además de que “las detenciones arbitrarias continúan realizándose todos los días”.

A manera de ejemplo, la agrupación mencionó la detención de más de un centenar de personas, solamente durante la reciente Semana Santa, período durante el cual, asimismo, fueron detenidas varias personas excarceladas.

“Adjuntamos a estas líneas la incidencia de las violaciones a los acuerdos ocurridos en Semana Santa que evidencia una nueva manera de operar: apresar nuevamente a los excarcelados; y encarcelar y golpear a otros. En ese período se apresaron 160 personas, entre ellas excarcelados, de las que 13 permanecen en prisión”, indicó.

El régimen ha excarcelado a aproximadamente doscientos presos políticos, acciones llevadas a cabo el 27 de febrero –día de instalación de la presente negociación bipartita-, cuando aproximadamente 120 personas pasaron al Régimen de Convivencia Familiar (casa por cárcel), el 15 de marzo, y el 5 de abril, con 50 en cada uno de estos dos casos, además del 16 de abril, cuando 36 personas pasaron a ese régimen.

Al respecto, la delegación del régimen orteguista -Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN)- en la negociación emitió, también este martes, una extensa Nota de Prensa, en el cuarto de cuyos doce puntos se refiere a las excarcelaciones.

Al referirse al “Acuerdo sobre liberación de presos con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)”, el equipo negociador indicó que, “a la fecha suman 236 las personas presas que el GRUN, por voluntad, compromiso y decisión propia, ha excarcelado y actualmente se encuentran en Régimen de Convivencia Familiar”, debido a que “el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en un gesto de Buena Voluntad, tomó la decisión de poner en libertad a las personas detenidas en un plazo máximo de 90 días, a partir del 20 de marzo de 2019”.

La delegación gubernamental enumeró, asimismo, propuestas que presentó, en el marco de la negociación, pero que su contraparte de la ACJD no aceptó, por lo que están pendientes de consenso, según indicó.

Por su parte, la Policía Nacional, en una Nota de Prensa que su División de Relaciones Públicas emitió el lunes, señalamientos opositores respecto a recientes detenciones.

“Ante informaciones falsas y calumniosas, referidas a la supuesta detención de 160 personas a partir del 15 de abril del año 2019, por parte de la Policía Nacional, nuestra Institución Policial informa al pueblo de Nicaragua y a la Comunidad Internacional, que al día de hoy lunes 22 de abril 2019, no hay ninguna persona detenida en celdas policiales por delitos relacionados a graves alteraciones al orden público”, indicó.

La negociación gobierno-ACJD inicio el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la dramática situación nicaragüense.

Las primeras conversaciones, entre el gobierno y una considerablemente más amplia representación opositora, fueron inicialmente promovidas por el régimen de Ortega, con cinco de los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.

Instalado el 16 de mayo de 2018 –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, a causa de las profundas desavenencias entre las partes.

Estallada el 18 de abril –hace casi un año-, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.

Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

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