George Rodríguez EP. La opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) de Nicaragua solicitó, este martes, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que integre la comisión de alto nivel creada en junio para que procure solución a la violenta crisis sociopolítica que golpea, hace más de un año, a ese país.
Se trata del grupo de trabajo establecido, el 28 de junio, por la Asamblea General de la OEA, en el marco su 49 Sesión Ordinaria, llevada a cabo en la noroccidental ciudad colombiana de Medellín, indicó la ACJD, en carta dirigida a la presidenta del Consejo Permanente de la OEA, Yolande Yvonne Smith, quien es la embajadora de Grenada en la organización regional.
“Solicitamos, respetuosamente el cumplimiento de la creación de la comisión de alto nivel a la mayor brevedad posible, conscientes de que este paso permitirá que las gestiones diplomáticas comiencen a tener resultados positivos para promover la reanudación de las negociaciones”, indicaron los seis firmantes de la carta.
El texto está suscrito por Carlos Tünnermann, José Adán Aguerri, Max Jerez, Mario Arana, José B. Pallais, y Juan Sebastián Chamorro, los seis delegados en el suspendido proceso de negociación con el gobierno nicaragüense, conversaciones que, iniciadas al final de febrero, para procurar solución a la crisis nacional, fueron interrumpidas a mediados de abril.
Los firmantes plantearon, en la carta de seis párrafos contenidos en poco más de una página la simultánea necesidad de lograr “el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos, y de otros organismos internacionales de Derechos Humanos que contribuyen al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados en la negociación”.
Esos acuerdos incluyen el referido a la liberación de todos los presos políticos, compromiso, entre otros, que la ACJD ha denunciado que el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, no ha cumplido a cabalidad.
“En este sentido, consideramos de vital importancia que se den los pasos necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en cuanto a la conformación de la comisión y que se informe sobre el inicio del plazo de los 75 días previstos para rendir informe”, expresaron los negociadores de la alianza.
Al respecto, indicaron que el nombramiento de los integrantes del grupo de trabajo se constituirá en un parámetro para medir el verdadero grado de disposición gubernamental para implementar lo dispuesto en la resolución de la Asamblea General de la OEA.
“La conformación de la comisión es determinante para conocer la voluntad política del Gobierno de Nicaragua de cumplir con la resolución y sus obligaciones internacionales como suscriptor de la Carta Democrática Interamericana”, explicaron.
Los dirigentes opositores también reafirmaron la posición de la alianza en el sentido de que las conversaciones con el gobierno constituyen la vía para dar solución a la dramática situación nicaragüense.
“Afirmamos que el diálogo y negociación son la única salida a la actual crisis y es la respuesta al deseo de las más amplias mayorías del país y de la comunidad internacional. Anhelamos una solución pronta a la crisis y el restablecimiento de la democracia y la justicia en Nicaragua”, escribieron, además de precisar que, en decisión del 17 de julio, “al gobierno a retornar a la Mesa de Negociación para ‘fomentar un diálogo serio, de buena fe, efectivo y sincero’”.
La mayoría de los países miembros de la OEA decidió, el 28 de junio, en el marco de la Asamblea General, que el Consejo Permanente nombre una comisión que “realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.
Estallada el 18 de abril del año pasado, la crisis nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
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