Nicaragua: alianza opositora condiciona permanencia en diálogo a muestras contundentes gubernamentales de voluntad

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George Rodríguez EP. La opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) condicionó, a muestras de voluntad gubernamental, su permanencia en la negociación para buscar solución a la violenta crisis sociopolítica que hace 10 meses golpea a Nicaragua.

“La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia retomará su asistencia a la Mesa de Negociación una vez que el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz”, indicó la agrupación opositora, en un comunicado.

Ello incluye, entre otros temas, la liberación de los presos políticos, planteó la ACJD, en el texto de cinco párrafos emitido la noche del domingo.

“Entre estas muestras están: libertad de presos políticos, cese de la represión y los secuestros”, así como “plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y brindando pronta asistencia médica a reclusos”, además de “cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos”, precisó.

También informó que se mantendrá en consulta con diferentes sectores locales.

“La Alianza Cívica continuará su proceso de consulta interna y externa con diversos actores, entre ellos, familiares de presos políticos y diversas organizaciones de la sociedad civil”, aseguró.

Además, indicó que procurará reunirse, bilateralmente, con el enviado especial de la Secretaría General (SG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para Nicaragua, Luis Ángel Rosadilla.

“Ante la llegada al país de una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Alianza Cívica solicitará una reunión bilateral para conocer sobre la misma y plantear su visión de la crisis que vive el país”, señaló.

La agrupación cerró el texto reafirmando la necesidad de evidencia de voluntad política gubernamental para superar la crisis nicaragüense.

“Reiteramos el llamado al Gobierno a mostrar la voluntad política necesaria para crear un ambiente de paz propicio en el país”, expresó.

El comunicado fue emitido antes del inicio, este lunes, de lo que sería la novena jornada de la negociación gobierno-alianza.

También fue emitido dos días después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) rechazó la invitación, de ambas partes, a ser testigo y acompañante del diálogo.

Los obispos hicieron pública su respuesta tres días después de que gobierno y alianza informaron, el 5 de marzo, mediante un breve comunicado conjunto, respecto a la invitación formulada, por escrito, a dos líderes católicos y uno evangélico.

Los destinatarios de las respectivas cartas de invitación fueron el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag –en calidad de testigo y acompañante internacional-, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes, y el coordinador de Pastores Interdenominacionales Unidos por la Nación, pastor Ulises Rivera –ambos, como testigos y acompañantes nacionales-, de acuerdo con lo que las partes informaron entonces.

Las invitaciones fueron extensivas, extensivas, en el caso de Sommertag, al secretario de la Nunciatura Apostólica en Nicaragua, Andrea Piccioni, y en los casos de Brenes y Rivera, respectivamente, a dos asesores, indicaron.

Sommertag ha asistido, cotidianamente, a las deliberaciones.

La negociación gobierno-ACJD inició el 27 de febrero, en presencia de Brenes y Sommertag, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la crisis nicaragüense.

Las primeras conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen orteguista, con cinco de los 10 integrantes de la CEN constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.

Instalado el 16 de mayo –casi un mes después de iniciada la crisis-, el diálogo quedó suspendido en junio, causa de las profundas desavenencias entre las partes.

En tal contexto, la participación de los obispos, en el diálogo, fue objeto de fuertes acusaciones por parte del gobierno.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien sostiene que la actual crisis nacional se originó en un intento de golpe de Estado, afirmó, en un acto público realizado el 19 de julio en Managua, que el episcopado participó en esa conspiración.

Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.

Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

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