Allan Madriz | EP. La Sala Constitucional resolvió que todas y todos los funcionarios de la Municipalidad de Limón deben recibir un curso de sensibilización y capacitación sobre los derechos y deberes de las personas con discapacidad en un plazo de seis meses y en coordinación con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.
Según indicó el Poder Judicial, la resolución surge en respuesta a un recurso de amparo interpuesto por un funcionario de esa Municipalidad que debido a una discapacidad permanente se desplaza en silla de ruedas.
El recurrente alegó que el inmueble carece de las condiciones de infraestructura necesarias para una persona en su condición, por ejemplo: rampa, servicio sanitario acorde con la Ley 7.600 y además sostiene, que estas situaciones menoscaban su condición de dignidad humana y devienen en un trato degradante, discriminatorio e irracional.
“El derecho a la igualdad, así como la prohibición de toda forma de discriminación que sea contraria a la dignidad humana, goza de profundo reconocimiento y protección por el Derecho de la Constitución”, enfatizó la Sala Constitucional en la resolución.
Sumado a esto, la Municipalidad deberá en un mes, coordinar lo necesario para la instalación de un servicio sanitario con las barras y dimensiones necesarias de conformidad con lo indicado en la ley 7.600; así como que toda remodelación o construcción que se realice en el inmueble municipal cumpla con la normativa de accesibilidad vigente.
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