El actual ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, enfrenta nuevos cuestionamientos públicos y políticos por su relación sostenida con el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, actualmente requerido en extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional. La controversia se agrava tras revelaciones que señalan que Campos filtró información reservada a Gamboa en 2017, cuando se desempeñaba como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según una investigación publicada por CR Hoy, Campos admitió haber reenviado a Gamboa una denuncia ciudadana que involucraba al exmagistrado, pese a tratarse de información confidencial. Aunque la Corte Suprema de Justicia lo eximió de sanción en aquel momento, documentos judiciales confirman que sí se abrió una causa disciplinaria contra él por esa acción.
El caso ha cobrado fuerza nuevamente ante la negativa del ministro de responder si, en su actual rol dentro del Gobierno, ha compartido información con Gamboa, quien ahora enfrenta cargos graves por narcotráfico. En múltiples ocasiones, Campos ha eludido dar una respuesta concreta sobre la naturaleza y duración de su relación con el exfiscal.
El 27 de junio pasado, se reveló que un asesor presidencial y un alto jerarca del actual Gobierno mantenían contacto directo con Gamboa, al punto que uno de ellos se refería a él como “jefe”. Posteriormente, en audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, el director del OIJ, Randall Zúñiga, identificó a Gerald Campos como uno de los funcionarios que admitió haber mantenido comunicación con Gamboa incluso en marzo de 2023, durante una reunión en Casa Presidencial.
Zúñiga agregó que existen testigos que pueden respaldar esta afirmación, lo cual ha generado preocupación entre diputados y sectores sociales ante la posibilidad de una red de protección institucional al servicio de intereses criminales.
El hallazgo que originó la causa disciplinaria contra Campos se dio en 2019, cuando la Fiscalía General decomisó computadoras y dispositivos electrónicos durante un allanamiento a la oficina de Gamboa. Entre los archivos recuperados, los agentes hallaron un correo institucional reenviado por Campos al exmagistrado, apenas dos días después de haber recibido la denuncia original, lo cual fue considerado una violación al deber de confidencialidad.
Pese a que la Inspección Judicial determinó que Campos había actuado de manera indebida, la causa fue cerrada sin sanción. No obstante, un informe dirigido a la Sala Constitucional confirmó que el ministro había sido investigado por “conducta irregular al haber reenviado de manera indebida información que debía reservar”.
Consultado recientemente sobre si ha compartido información con Gamboa durante su tiempo como jerarca del Ejecutivo, Campos evitó dar una respuesta clara y se limitó a reiterar que sus acciones pasadas fueron avaladas por la Corte. Asimismo, se negó a precisar cuándo fue su último contacto con el exmagistrado, quien actualmente es investigado por su presunta participación en una red de tráfico de cocaína vinculada a cárteles mexicanos y colombianos.
En grabaciones obtenidas por la DEA en septiembre de 2023, Gamboa aseguró tener respaldo dentro del Gobierno costarricense para facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína por el Caribe y el Pacífico, lo cual ha encendido las alarmas sobre posibles filtraciones desde estructuras oficiales.
El diputado Jonathan Acuña solicitó formalmente a la Corte Suprema información sobre los cargos que ocupaba Campos en el momento de los hechos de 2017 y si fue sancionado. El oficio 691-IJ-2025 confirmó la existencia de la causa disciplinaria 19-003281-0031-DI, aunque sin sanción emitida.
Con las investigaciones aún en curso y la negativa del ministro a responder de forma directa sobre su relación con Gamboa, aumentan las presiones para que se aclare si existe o existió algún tipo de colusión desde el Ministerio de Justicia con redes criminales.
Mientras tanto, la sociedad costarricense sigue a la espera de respuestas claras y contundentes sobre la actuación de sus autoridades en un tema tan delicado como la infiltración del narcotráfico en las instituciones del Estado.
