Las posibilidades para que las plataformas digitales de transporte de personas sean legales en Costa Rica están cada vez más cerca.
Este viernes, el ministro del Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, se mostró a favor de que estas plataformas sean legales, en beneficio de las personas que en este momento sustentan prácticamente la totalidad de sus ingresos.
Amador, aseguró que espera tener prontamente un proyecto de ley donde puedan trabajar bajo la legalidad, debido a que en este momento este tipo de transporte es ilegal según lo establece la ley.
Por lo que, hasta el momento, quienes laboren con estas plataformas y sean detenidos por la Policía de Transito será por mala suerte, ya que, de parte del ministro dice que “no voy a hacer casería de brujas en las calles porque se están ganando su dinero”.
El jerarca fue enfático de que “estamos en un régimen legal en el cual eso no está instrumentalizado, lo que son plataformas -digitales-, eso no significa que no tengan el derecho de ganarse la plata, operar y trabajar; eso significa que no están al margen de la ley”, aseguró Amador.
Desde el 2019 el Poder Ejecutivo ha tenido intenciones por remediar la situación entre esta modalidad de transporte digital y los taxistas, sin embargo, los intentos han sido en vano por múltiples rechazos de los diputados en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, nuevamente la intención del Gobierno es “tener prontamente un proyecto de ley donde ya eso se pueda regularizar y todos puedan competir, todos pueden ofrecer su servicio, y podamos ya normalizar esta situación”, dijo Amador.
Siguen a la deriva
El pasado jueves 11 de agosto, las autoridades del MOPT se reunieron con representantes de taxistas, que pesar de haber sido por largas horas, no salieron muy contentos por la postura gubernamental.
En un video publicado por el dirigente de la Unión de Taxis Costarricenses, Rubén Vargas, evidenció la molestia del gremio a la fueras de Casa Presidencial, donde uno de los representantes alegaba que el presidente Chaves “no nos quiere dar la cara, no se quiere comer la bronca”, dijeron.
“No estamos pidiendo limosnas, lo que pedimos y exigimos es que se aplique la normativa escrita de las leyes que rigen este país. Esperamos que el Ministerio Público actúe sobre los funcionarios que están de acuerdo con Uber de que trabaje el margen de la legalidad, sacando y metiendo al día miles de millones de colones en nuestro sistema económico, permitiendo que una empresa extranjera venga a violar el sistema legal imperante en nuestro país”, dijo Vargas.
A su vez, el ministro Amador, se centró en el alto desempleo del país, por lo que buscaría la “ruta para poder saber cómo se va a hacer en cosa de días. Y el proyecto de ley en un mes, mes y medio para poderlo trasladarlo a la Asamblea Legislativa. Yo sé que los diputados saben lo urgente que esto es para poder normalizar”, concluyó amador.
La reunión entre el gremio de trasportista fue con la viceministra de Transportes, Laura Ulloa, y el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez.
