Aarón Chinchilla EP. | Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detalló que, a un año de la crisis sociopolítica, más de 50 mil nicaragüenses que se vieron forzadas a migrar desde su país y solicitar protección internacional en Costa Rica.
De acuerdo al documento “Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica” de la Organización de Estados Americanos (OEA), más de 70.000 personas tuvieron que huir de su país y 55.500 optaron por refugiarse en el vecino del sur.
El principal segmento de personas que se vieron obligadas a migrar de Nicaragua y solicitar protección internacional en Costa Rica fueron estudiantes que participaron en las manifestaciones y protestas (23%), seguido por defensores de Derechos Humanos (DDHH) y líderes de movimientos sociales y campesinos (22%), personas que apoyaron a quienes participaron en las protestas a través de la provisión de alimentos, casas de seguridad y medicinas (18%), médicos (8%), periodistas (2%); y ex militares/ ex policías que se negaron a participar en actos represivos ordenados por el gobierno de Daniel Ortega (2%).
Las principales causas de la huida fueron por amenazas directas (33%), amenazas por redes sociales (23%), imputación de delitos (11%), represión estatal (8%), detención arbitraria (7%), asedio y persecución (6%), atentados (5%), heridas (5%), violación sexual (1%), negarse a cumplir órdenes (1%), entre otros.
La mayoría se desplazaron internamente antes de salir de su país, dejando sus hogares y resguardándose en casas de seguridad, amigos o familiares. La mayoría se vieron forzadas a huir por “puntos ciegos” o con traficantes de migrantes (“coyotes”) y el arribo de dichos grupos poblacionales coincide con el inicio de la “Operación Limpieza”, implementada por la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales armadas, con el objetivo de desmantelar los tranques y atacar a los manifestantes.
En el caso de redes sociales, la CIDH señala que Facebook, Twitter e Instagram tuvieron un rol fundamental en documentar las violaciones a los derechos humanos, pero, como nuevo patrón de represión, “fueron utilizadas como medio para proferir amenazas y hostigamientos”.
Como principales responsables de la persecución y el desplazamiento forzado de personas nicaragüenses son los parapoliciales (46%), Policía Nacional (37%) grupos de vigilancia y control como los Consejos de Poder Ciudadano (17%).
Finalmente, la organización reconoció el “importante rol del Estado costarricense en favor de la protección de los derechos humanos de la población nicaragüense tras los hechos de represión violenta de las protestas”,
“La CIDH destacó el liderazgo de Costa Rica en el apoyo al trabajo de los órganos del Sistema interamericano de Protección de los Derechos Humanos y la promoción de los valores democráticos que lo inspiran”.
La migración forzada ha ocurrido en razón a la grave crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua desde la represión estatal a las protestas que inició el 18 de abril de 2018, y que, hasta el momento, ha ocasionado la muerte de 325 personas; 2,000 personas heridas; 700 personas detenidas y enjuiciadas; el despido de 300 profesionales de la salud; la expulsión de 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y el exilio de al menos 70 periodistas y trabajadores de medios; hechos que han quedado impunes.
