Martha Rodríguez González, representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue destituida oficialmente por el Consejo de Gobierno tras un proceso disciplinario que apunta a su participación directa en decisiones de impacto económico que habrían contravenido la legislación vigente.
La resolución de 194 páginas, notificada el 4 de agosto, da cierre a un expediente que se inició tras la aprobación de un aumento salarial de ₡7.500 mensuales a más de 60.000 funcionarios de la CCSS en 2022, acuerdo que fue avalado por Rodríguez y considerado por el Ejecutivo como una violación a la regla fiscal.
Aunque la defensa legal de Rodríguez ha criticado la celeridad del procedimiento al haberse aprobado la destitución el mismo día del cierre de instrucción, fuentes cercanas al proceso sostienen que la evidencia ya había sido recopilada durante meses, y que el Consejo de Gobierno actuó conforme a las disposiciones reglamentarias.
El fondo del expediente apunta a una conducta de co-participación en decisiones administrativas sin tener competencia para ello, lo cual constituye un posible exceso de funciones que impactó el presupuesto institucional.
Desde su elección en 2022, Rodríguez denunció sobreprecios en compras, fallas en los sistemas tecnológicos y presuntas irregularidades internas. No obstante, ninguna de estas denuncias derivó en investigaciones formales, sanciones ni intervenciones institucionales, lo que ha generado dudas sobre el sustento técnico de sus declaraciones.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que algunas de sus intervenciones buscaban entorpecer procesos en marcha, más que transparentarlos. “Se trata de una figura que utilizó la Junta como una plataforma política, sin aportar resultados reales a la gestión institucional”, comentó un alto funcionario bajo condición de anonimato.
El sindicato UNDECA y Rodríguez alegan persecución política, pero evitan entrar en detalle sobre la legalidad del acto que motivó la sanción. En contraste, el Consejo de Gobierno argumenta que la decisión responde a una responsabilidad administrativa clara y documentada.
“No hay persecución cuando hay pruebas y cuando el actuar excede los límites del cargo”, señaló una fuente del Ministerio de la Presidencia.
Rodríguez ya había sido separada del cargo en 2022, pero fue restituida por orden de la Sala Constitucional. Ahora, su defensa plantea nuevamente acudir a esa vía,
