San José.- La diputada Marta Esquivel, lanzó duras críticas contra la Contraloría General de la República (CGR), denunciando una instrumentalización de la institución con fines de persecución política.
Durante su participación en el programa de análisis político No mientas el show, la oficialista y expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reveló los alcances de una nueva denuncia dirigida directamente contra la contralora general, Marta Acosta.
Según la legisladora, Acosta habría evadido sus responsabilidades legales al negarse a investigar a los funcionarios de la propia CGR que, mediante procedimientos presuntamente irregulares, dieron sustento al sonado “Caso Barrenador”.
“He sido sometida a un juicio político y a un trato desproporcionado por parte de la Fiscalía, todo provocado por un papel ineficiente y sesgado desempeñado desde la Contraloría”, señaló Esquivel en el espacio televisivo, quejándose del actuar de la jerarca de la CGR por negarse a revisar el anómalo proceder de sus subordinados.
Una “nota técnica” bajo cuestionamiento
El llamado Caso Barrenador estalló en setiembre de 2024, cuando el Ministerio Público ejecutó una serie de allanamientos y detenciones de altos jerarcas de la CCSS. Sin embargo, Esquivel enfatizó que la Fiscalía justificó este aparatoso operativo apoyándose casi de forma exclusiva en una “nota técnica” elaborada por la Contraloría.
De acuerdo con la denuncia de la legisladora, dicho documento se confeccionó en tiempo récord y carece del rigor técnico necesario para sustentar las acusaciones de supuestos sobreprecios en la adjudicación de contratos a cooperativas de salud para la administración de 138 Ebais.
A la fecha, el proceso enfrenta serias dudas probatorias. Esquivel destacó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ni siquiera ha recibido una solicitud formal por parte de la Fiscalía para realizar un análisis forense de las ofertas cuestionadas por la CGR.
Ahorros millonarios y un caso que se tambalea
Lejos de representar un perjuicio económico para el Estado, la diputada y las cooperativas de salud sostienen que la contratación adjudicada generará ahorros proyectados de hasta ₡18.000 millones para la CCSS, gracias a la mayor eficiencia operativa de estas organizaciones en el primer nivel de atención.
La postura de Esquivel se ve reforzada por los recientes reveses legales que ha sufrido la investigación. Recientemente, las propias cooperativas de salud demandaron a la Contraloría por las irregularidades contenidas en el documento que sirvió de base para las detenciones.
A este escenario se suma el escrutinio de la Sala Constitucional, la cual ha señalado graves deficiencias en el manejo del caso. Los magistrados han advertido sobre filtraciones indebidas y un mal manejo de las pruebas durante los allanamientos, vicios de procedimiento que, según expertos legales, amenazan con traerse abajo todo el proceso penal al vulnerar las garantías de los investigados.
