En Río Segundo de Alajuela, a pocos minutos del aeropuerto internacional Juan Santamaría, se levanta el precario conocido como “Los Huevitos”, donde más de 250 familias unas 1.500 personas sobreviven en viviendas muy humildes, mucho tipo rancho, en condiciones de hacinamiento y con altos riesgos de incendios o afectaciones climáticas.
Pese a que hace una década lograron acceso a electricidad y agua potable, las carencias siguen marcando la vida de sus habitantes. Rebeca Sánchez, vecina y presidenta de la Asociación Bendición de Dios, afirmó que han buscado diálogo con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), pero no han sido atendidos.
“Nos han dejado correos en visto, hemos enviado documentos, nos presentamos físicamente, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna reunión”, expresó, señalando un abandono por parte del Gobierno.
Las limitaciones económicas también golpean fuerte: los pocos ingresos apenas alcanzan para alimentación y necesidades básicas. La inseguridad por incendios es una constante; en 2022 y 2023 el lugar fue noticia luego de que varias viviendas fueran consumidas por las llamas.
“Los Huevitos” forma parte de los 576 asentamientos informales identificados en Costa Rica, cifra que aumentó un 50 % desde 2013. De acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), 64.128 hogares unas 183.000 personas habitan en condiciones de precariedad, sin tenencia legal del suelo, sin servicios básicos adecuados y, en muchos casos, en zonas de alto riesgo.
El 48 % de estos asentamientos se ubica en el Gran Área Metropolitana y el 52 % restante fuera de ella, distribuidos en 61 cantones, aunque el 80 % se concentra en solo 20.
Un reciente informe de la CGR señala que la atención a los precarios en Costa Rica es insuficiente, desarticulada y carente de una estrategia clara. Entre las principales debilidades detectadas están:
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Ausencia de una definición común sobre qué es un asentamiento informal.
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Falta de datos actualizados y compartidos para dimensionar el problema.
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Carencia total de análisis de riesgo de desastres para estos territorios.
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Acciones fragmentadas y reactivas desde las instituciones.
“El fenómeno continúa en aumento y representa repercusiones sociales, económicas, ambientales y fiscales. Mientras falte un lenguaje común y datos consistentes para la toma de decisiones, no se podrá atender adecuadamente este desafío”, advierte la CGR.
La situación de “Los Huevitos” refleja esa deuda histórica del Estado con miles de familias en exclusión, que siguen esperando soluciones integrales. “Del Gobierno no hemos recibido nada”, resumen sus habitantes.
