George Rodríguez EP. Siete congresistas de Estados Unidos solicitaron al presidente de ese país, Donald Trump, que reconsidere la decisión de finalizar, en enero, el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protection Status, TPS) para unos cinco mil inmigrantes nicaragüenses.
Los siete parlamentarios de la Cámara de Representantes estadounidense, encabezados por la republicana Ileana Ros-Lehtinen –una de las principales críticas del gobierno de Nicaragua-, formularon la solicitud basados sobre la violenta crisis sociopolítica que convulsiona hace más de tres meses a ese país centroamericano, con saldo de centenares de víctimas fatales, además de miles de heridos y desaparecidos.
“A medida que la violencia y la intranquilidad continúan empeorando en Nicaragua, le escribimos para respetuosamente solicitarle que reconsidere su decisión de terminar la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, que está programado para expirar el 5 de enero de 2019”, indicaron.
Si bien los efectos del huracán Mitch -que golpeó, al final de 1998, a Centroamérica y que determinó aplicar el TPS a Nicaragua-, han pasado, la ingobernable situación actual de ese país convertiría, el reenvío de miles de personas, en un acto irresponsable de parte de Estados Unidos, advirtieron.
“Estados Unidos tiene la responsabilidad de proteger las libertades fundamentales de todos los individuos, siendo la seguridad una de ellas, y creemos que sería irresponsable, de parte de Estados Unidos, enviar a estos individuos a Nicaragua ´para que enfrenten violencia, caos, y opresión”, precisaron.
Los parlamentarios también incluyeron, en su argumentación, datos para ilustrar sobre lo que describen como la conducta autoritaria y corrupta del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
“Daniel Ortega ha dado pasos sistemáticos para debilitar las instituciones democráticas en Nicaragua, tales como eliminar límites de mandatos, remover a toda la oposición, y amañar elecciones locales y nacionales”, explicaron, a manera de ejemplo.
Asimismo, describieron brevemente el actual contexto interno de ese país, y reafirmaron la opinión de que no debe enviarse, de regreso, a los nicaragüenses establecidos en Estados Unidos bajo el TPS.
“Como usted sabe, el 18 de abril de 2018, el pueblo nicaragüense empezó a protestar pacíficamente contra la administración Ortega, pidiendo el restablecimiento de sus derechos democráticos. En respuesta, Daniel Ortega ha soltado a su Policía Nacional y ha armado a turbas progubernamentales, matando a cerca de 400 personas, e hiriendo a más de 2000 personas, además de los miles de nicaragüenses quienes siguen encarcelados y desaparecidos”, explicaron.
Los firmantes de la carta de dos páginas son Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, Carlos Curbelo, Adam Schift, Albio Sires, Debbie Wasserman Schultz, Norma J. Torres.
Desde noviembre del año pasado, el gobierno de Trump viene anunciando la sucesiva finalización del TPS para varios países -incluidos, en la región centroamericana y caribeña, además de Nicaragua, El Salvador, Honduras, y Haití-.
El país de este grupo con el mayor número de nacionales establecidos en Estados Unidos y protegidos por el estatus es El Salvador (263,000), seguido por Honduras (86,000), Haití (60,000), Nicaraguan (5,300).
Los plazos de finalización del TPS para esos países van de enero a setiembre de 2019, según los sucesivos anuncios que ha formulado el Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, DHS).
El estatus se aplica a inmigrantes –sin perjuicio de su situación migratoria- cuya vida esté en peligro, en sus países de origen, a causa de “condiciones extraordinarias y temporales”, que incluyen conflicto armado, fenómenos naturales destructivos, epidemias.
Entre otros beneficios, el TPS .les otorga el derecho a permanecer y trabajar en Estados Unidos, y .los protege de deportación.
En el marco de su posición esencialmente antinmigrante –que incluye el proyecto de construcción de un muro a lo largo de la frontera sur estadounidense, con México, de 3,155 kilómetros, Trump tiene como objetivos adicionales a las políticas migratorias respectivamente denominadas Acción Diferida para Llegadas de Niños (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) y Desarrollo, Asistencia, y Educación para Menores Extranjeros (Development, Relief, and Education for Alien Minors, DREAM).
DACA es una política que permite, a personas adultas extranjeras quienes, siendo menores de edad, ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, evitar la deportación y optar por permisos de trabajo.
DREAM –sigla que forma la pablara inglesa que significa “soñar”- permite, a menores de otros países, optar, mediante un proceso de varias etapas, por la residencia permanente en Estados Unidos.
En términos generales latinoamericanos, ciudadanos de países centroamericanos –estén cubiertos, o no, por el TPS- constituyen la mayoría de la población inmigrante en Estados Unidos, y, dentro de este grupo subregional, personas de El Salvador, Guatemala, Honduras –los países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica- integran los números más altos.
