La presidenta de la República, Laura Fernández, respondió a las presiones políticas y sindicales para designar a la exdiputada Rocío Alfaro en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sobre esta posibilidad, la mandataria fue categórica al señalar: “No voy a exponer al Consejo de Gobierno, le caiga mal al Frente Amplio y a los sindicatos, a que nombren a doña Rocío Alfaro, cuando está clarísimo en la Ley Orgánica de la Caja que la señora no se puede nombrar porque incumple con lo que dice la ley”.
Fernández fundamentó su negativa en que la exlegisladora no solo infringe los requisitos legales estipulados para el cargo, sino que además enfrenta un evidente conflicto de intereses. Al respecto, la mandataria indicó que Alfaro “tiene un montón de familiares trabajando en la Caja, entonces las decisiones que tome no tendrían la parcialidad que nos exige la ley”.
Esta situación incrementa la confrontación directa entre el Poder Ejecutivo, el sector sindical y la bancada del Frente Amplio. Durante su paso por la Asamblea Legislativa, Rocío Alfaro cuestionó de forma constante las gestiones y directrices de la institución, consolidando una postura beligerante frente a las directrices gubernamentales.
Ante esto, la presidenta cuestionó las expectativas de dicho sector político al manifestar: “Hago este comentario porque a veces la gente del Frente Amplio se imagina que ellos son tan importantes para el gobierno o para mí, y que yo paso pendiente de ver cómo los jodo o cómo los afecto”.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, la incorporación de la exparlamentaria dentro del órgano colegiado implicaría un bloqueo constante y sistemático contra las posiciones de la Presidencia Ejecutiva y de la administración de Fernández.
Finalmente, la mandataria zanjó las discusiones afirmando que en este caso “lo único que hemos hecho es revisar la ley: si cumple, se aprueba; si no cumple, nadie va a ir a que lo denuncien”.
De esta manera, el gobierno ratifica que su actuación se limita a cumplir el marco normativo vigente, rechazando nombramientos que carezcan de sustento legal.
