Redacción/ AP. – Una nueva moda está tomando los gobiernos de Latinoamérica: Acusar de supuestos “golpes de Estado judiciales”.
El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo denunció el domingo que la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana están instigando un golpe de Estado.
En una conferencia de prensa en la que lo acompañó su gabinete de trabajo, el mandatario señaló que la fiscal intenta perpetuar la impunidad en el poder mediante diferentes acciones de índole legal.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo ahora mismo en Guatemala”, manifestó.
Arévalo denunció que las acciones que se toman contra el gobierno son una embestida judicial, al crear condiciones para corromper la elección de órganos judiciales para 2026.
“Están tan decididos a hundir al país que terminaron por declararle la guerra al pueblo de Guatemala; querían destruir la libertad y la democracia”, lamentó. “Quieren enterrar desde ya unas elecciones libres, transparentes y justas para el 2027”.
Estas declaraciones responden a las acciones llevadas a cabo el viernes por Orellana, quien pidió la anulación total del partido político Movimiento Semilla —al que pertenece Arévalo—, acción que busca declarar vacantes los puestos de presidente, vicepresidente, 23 diputaciones y una alcaldía.
Arévalo hizo un llamado al pueblo guatemalteco, señalando a Porras y Orellana como las caras visibles de una alianza criminal, y nombrándolos enemigos del país.
“Son los obstáculos principales a la lucha contra la corrupción, como lo reconoce la sociedad guatemalteca y el mundo, que los ha declarado proscritos”, agregó el mandatario.
Arévalo también explicó que se solicitó la celebración de una sesión extraordinaria en Naciones Unidas para exponer ante el mundo las graves amenazas a la Constitución y la democracia perpetradas por Porras y Orellana.
“Nuestra voz debe escucharse con fuerza. No al golpe, no a la corrupción, sí a la democracia, sí a la libertad, sí al respeto a la voluntad soberana del pueblo de Guatemala. No podemos permitir que un juez como Fredy Orellana siga atentando contra la decisión popular expresada en las urnas; su conducta es una amenaza directa a nuestra democracia. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que conforme a la ley proceda a su inmediata destitución”, añadió el presidente guatemalteco, y dijo que esas acciones constituyen un nuevo intento de golpe de Estado.
Ante las acciones anunciadas por Orellana el viernes, la diputada Andrea Reyes, del Movimiento Semilla, presentó una ejecutoria buscando que la Corte de Constitucionalidad aplique una resolución de 2023, en la que se garantizaron los resultados y la toma de posesión de los candidatos electos, por lo que se espera que el Congreso de la República de Guatemala se abstenga de cualquier acción que pueda poner en riesgo las elecciones generales.
Orellana ha sido una figura cuestionada. Su inclusión en la lista Engel del Departamento de Estado estadounidense lo señala como un actor corrupto y antidemocrático. Algunos países de la Unión Europea también lo han sancionado por las mismas razones, ya que sus acciones han causado preocupación en casos judiciales de impacto para Guatemala.
El juez ha beneficiado a exfuncionarios procesados por corrupción, y es también el que maneja el caso contra el Movimiento Semilla. Además, ha tenido un papel fundamental en el caso del periodista José Rubén Zamora, detenido bajo su autorización.
Fue también Orellana el que firmó las órdenes de captura contra los exfiscales anticorrupción Juan Francisco Sandoval y Virginia Laparra. Ambos se encuentran exiliados debido a la persecución, que muchos consideran tiene matices políticos.
