Tras el anuncio del nuevo gabinete, la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional
(AJA) hizo un llamado al Gobierno de la República, en particular a la presidenta electa Laura Fernández, así
como a Rodrigo Chaves, próximo ministro de la Presidencia y Hacienda, para que, desde el inicio de su gestión,
garanticen el respeto irrestricto a los derechos de las personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto
(RTR).
Así, solicitaron que reconsiderara el veto al expediente 24.353, que pretendía restituir el ajuste por costo de vida para a 30 mil personas pensionadas por el Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional.
El texto proponía que, ante la ausencia de aumentos salariales producto de la regla fiscal, las pensiones del Régimen Transitorio se revalorizaran semestralmente según el Índice de Precios al Consumidos (IPC).
El Poder Ejecutivo justificó su decisión por “razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad fiscal”, al considerar que la iniciativa generaba un gasto automático, permanente y sin fuente de financiamiento definida, lo que, según argumenta, compromete el equilibrio presupuestario.
Según la AJA, se trata de más de 40.000 personas cuyos aportes, y los de sus patronos durante medio siglo para formar un fondo de pensiones, “fueron malversados por el Ministerio de Hacienda en fines no autorizados”.
“Si bien dicho Ministerio ha asumido el pago de nuestras pensiones, lo hace no como indemnización por el daño causado, como corresponde en ley, sino como gracia, lo que ha permitido a los diputados hacer recortes e imponernos cargas arbitrarias. Adicionalmente, buscando compensar parcialmente el daño generado por el congelamiento que han sufrido nuestras pensiones durante los últimos cinco años, la Asamblea Legislativa anterior aprobó un descongelamiento para las pensiones más bajas del magisterio (inferiores a ₡2 millones).
Lamentablemente, en el cierre de la administración saliente, decisiones como el veto a ese descongelamiento contrastan con la permanencia de beneficios otorgados sin cotización previa, como las pensiones a expresidentes. Esta disparidad revela un trato desigual que debilita la legitimidad de la política pública y erosiona la confianza ciudadana. En este contexto, AJA reitera varias de sus preocupaciones ya planteadas al Ministerio de Hacienda, entre ellas la necesidad de asegurar la puntualidad en el pago de las pensiones, evitar modificaciones que perjudiquen a las personas jubiladas y brindar explicaciones claras sobre la gestión histórica de los regímenes, incluyendo la ausencia de un fondo de pensiones constituido con nuestras cotizaciones realizadas, situación que hoy traslada la carga de nuestras jubilaciones al presupuesto de la República y genera incertidumbre sobre su sostenibilidad”, señalaron.
Así, AJA hizo un llamado a corregir estas inconsistencias y a establecer una ruta clara que priorice la equidad, la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones del Estado con quienes hicieron su trabajo para el país.
“El inicio de esta nueva gestión representa una oportunidad para enmendar decisiones que han afectado a la población jubilada y para enviar una señal clara de coherencia en la política fiscal y social. A las nuevas generaciones de educadores”, señalaron.
