La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) hizo un llamado a los diputados para que permitan el avance sin más retrasos del expediente 24.353 propuesto por el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA).
El proyecto propone que, cuando no se realicen aumentos salariales por costo de vida, las pensiones sí deberán revalorizarse por el aumento en el costo de la vida, en un porcentaje igual al del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de modo automático y con periodicidad semestral.
Además, incluye un transitorio para que esas pensiones, reciban un aumento adicional por cinco años de 2% para todas las pensiones que no superen el monto equivalente a 2 salarios base, o del 1% para todas aquellas pensiones por montos iguales o superiores a 2 salarios base.
El proyecto, que ya superó su primera etapa de mociones 137 en la Comisión de Asuntos Hacendarios, representa un avance concreto para cerca del 90% de las personas pensionadas del RTR, tras ver aprobada una moción que contempla el descongelamiento de aquellas pensiones inferiores a ₡2 millones.
Desde AJA consideran que la aprobación de la moción como una señal de respuesta y justicia para miles de personas que durante años han visto una disminución real de sus ingresos, tras mantenerse con la pensión congelada mientras el costo de vida ha aumentado.
Desde que se congelaron dichas pensiones en el segundo semestre del 2020, hasta la presentación del proyecto de Ley, la inflación no reconocida a estos jubilados es del 10,42%, cifra en la que aumentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) durante ese período.
Esta situación ha generado un deterioro sostenido en el poder adquisitivo de miles de familias, lo que limita su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación o salud, relevantes en la adultez mayor, y a pesar de tratarse de personas que cotizaron durante décadas para su pensión.
El llamado a avanzar con este proyecto también pone sobre la mesa una discusión que ha sido insuficientemente abordada: el origen del Régimen Transitorio de Reparto (RTR). Este régimen surge luego de que el fondo de pensiones del Magisterio, financiado durante décadas con aportes de trabajadores, patronos y del propio Estado, no se constituyera como correspondía y sus recursos fueran utilizados para otros fines.
“Mantener las pensiones congeladas durante años, especialmente las más bajas, es profundamente injusto. Estamos hablando de personas que hoy reciben el mismo ingreso de hace cinco años, en un contexto donde el costo de la vida no ha dejado de subir. Esto afecta directamente la calidad de vida de miles de familias costarricenses”, señaló Miguel Sobrado, presidente de AJA.
En este contexto, la organización enfatiza que cualquier intento por retrasar la aprobación del proyecto mediante mociones adicionales implica prolongar esa desmejoría en las condiciones de vida de las personas pensionadas, muchas de las cuales dependen exclusivamente de estos ingresos.
“AJA ha sido parte de esta lucha. Hemos sostenido un esfuerzo constante por la justicia para cerca de 45.000 pensionados del Magisterio Nacional. Este avance acerca una respuesta para la gran mayoría, pero no podemos permitir que se dilate más”, agregó Sobrado.
La Asociación subraya que el congelamiento de las pensiones constituye un trato desigual para quienes ya cumplieron con sus obligaciones contributivas, y recalca que el país no puede seguir postergando una solución a una situación que impacta directamente derechos adquiridos.
“Avanzamos, pero no hemos terminado. Celebramos este paso, pero la justicia debe ser pronta y completa. Cada atraso en este proceso se traduce en más presión económica para miles de personas pensionadas”, indicó.
AJA reitera su llamado a las distintas fracciones legislativas para que prioricen la discusión del proyecto y permitan su pronta aprobación, como un acto de justicia hacia quienes dedicaron su vida al servicio del país.
