- El diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña anunció que no respaldará el endurecimiento de penas para el delito de robo de combustibles en Costa Rica.
- El legislador calificó como un “ornitorrinco jurídico” la propuesta de crear una Unidad de Protección Especial de Ductos de Combustible dentro de Recope.
- La posición del congresista generó divisiones dentro de la fracción del Partido Pueblo Soberano durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
El panorama político en la Asamblea Legislativa de Costa Rica experimentó un giro significativo durante la discusión del expediente 25.206. El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña, manifestó de forma pública su rechazo a los lineamientos del Poder Ejecutivo respecto al proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por el robo de combustibles en el territorio nacional.
Durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el legislador y abogado José Miguel Villalobos dejó en claro que no apoyará ningún incremento en las penas privativas de libertad contempladas en la iniciativa legal. El proyecto en discusión, denominado “Ley para fortalecer la prevención y sanación de actividades ilegítimas relacionadas con el robo de combustibles y delitos conexos”, fue presentado originalmente en septiembre del año anterior por el entonces mandatario Rodrigo Chaves Robles y los jerarcas de las carteras de Seguridad y Justicia de ese periodo.
Argumentos jurídicos contra el aumento de penas
La postura asumida por el abogado José Miguel Villalobos se fundamenta en criterios del derecho penal constitucional. Según detalló el parlamentario, el derecho punitivo debe operar como una herramienta de intervención mínima por parte del Estado, debido al impacto directo que posee sobre la libertad individual de los ciudadanos. Desde su perspectiva profesional, los incrementos de penas planteados conllevan el riesgo de transformar faltas que deberían resolverse por la vía administrativa en delitos sancionables con prisión.
La iniciativa del Gobierno costarricense propone elevar de forma notoria los castigos actuales. En el caso específico del transporte y la distribución ilícita de hidrocarburos, la propuesta busca que las penas pasen de un rango de 1 a 4 años a una escala de 5 a 15 años de cárcel. Asimismo, el texto contempla modificaciones para sancionar la comercialización y posesión ilegítima, alterando además las figuras delictivas vinculadas al favorecimiento y la manipulación de los sistemas de control de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Villalobos objetó de forma enfática estas modificaciones técnicas, señalando que la propuesta triplica los mínimos y duplica los máximos establecidos en la legislación vigente.
Rechazo a la policía especial en Recope
Otro de los puntos álgidos de la jornada legislativa se centró en la creación de la Unidad de Protección Especial de Ductos de Combustible (UPED). Esta estructura operaría de forma adscrita a Recope y contaría con facultades propias de una policía auxiliar, tales como ejecutar detenciones, realizar allanamientos, decomisos y portar armamento en el ejercicio de sus funciones.
El diputado José Miguel Villalobos calificó la propuesta como un “ornitorrinco jurídico” y tildó de inviable el establecimiento de un cuerpo policial con tales potestades en el seno de una sociedad anónima, aun cuando sus acciones pertenezcan al Estado costarricense. En este sentido, el congresista coincidió de forma parcial con las alertas previas emitidas por la diputada socialcristiana Abril Gordienko López y el legislador de Liberación Nacional, Eder Hernández Ulloa, quienes suscribieron un informe de subcomisión de mayoría que eliminaba dicha unidad por posibles roces con la Constitución Política. De acuerdo con los criterios técnicos analizados en la comisión, dotar de estas atribuciones a Recope desdibuja los límites del Estado y genera riesgos constitucionales vinculados a la carga de la prueba.
Tensiones internas y búsqueda de consenso
El posicionamiento de José Miguel Villalobos Umaña evidenció discrepancias profundas con su compañera de fracción y presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez. La legisladora defendió con vehemencia la redacción impulsada por el Ejecutivo, argumentando que el poliducto nacional requiere de una protección especializada y urgente debido a los nexos existentes entre el robo de combustibles, las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado. Para Esquivel, retirar el aumento de penas o la unidad especializada significaría vaciar de contenido los objetivos esenciales del proyecto.
Ante la falta de coincidencia y tras las intervenciones en el foro, la presidencia de la comisión dictó un receso prolongado de más de una hora para propiciar un encuentro privado entre los diputados oficialistas. Al reanudarse la actividad parlamentaria, se acordó posponer la votación de los informes de subcomisión para una fecha posterior. No obstante, el diputado Villalobos adelantó que, si bien apoyará el texto de minoría como base de discusión por solidaridad política con su bancada, presentará mociones específicas para suprimir los artículos referidos a la creación de la UPED y a los nuevos tipos penales. En caso de no ser respaldadas sus objeciones por el pleno de la comisión, anunció la redacción de un dictamen de minoría negativo.
Trayectoria del legislador por Alajuela
José Miguel Villalobos Umaña cuenta con un amplio recorrido en los ámbitos político y judicial de Costa Rica. Nacido en Alajuela el 28 de octubre de 1962, se graduó como abogado en la Universidad de Costa Rica, institución donde posteriormente ejerció la docencia en las cátedras de Derecho Constitucional y Teoría del Estado. A lo largo de su carrera pública, sirvió como asesor parlamentario, letrado de la Sala Constitucional y miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en representación del sector cooperativo.
En el año 2002 asumió como ministro de Justicia durante la administración del expresidente Abel Pacheco de la Espriella. Más adelante, en el año 2005, fundó la agrupación política Alianza Democrática Nacionalista, presentándose como aspirante a la presidencia y a una diputación en los comicios generales de 2006. Durante dos décadas se desempeñó de manera activa como abogado litigante y penalista, asumiendo tareas de defensa de figuras públicas de alto perfil en el país. Tras un periodo de suspensión en el ejercicio de la abogacía dictado por el Colegio de Abogados a inicios de 2025, retomó la arena política activa y resultó electo diputado por el primer lugar de la provincia de Alajuela mediante las siglas del Partido Pueblo Soberano, asumiendo formalmente su curul legislativa el 1 de mayo de 2026.
Iniciativa para endurecer los castigos penales contra el robo y distribución ilegal de combustibles en el país.
Rango de prisión sugerido por el Gobierno para el transporte ilegal de hidrocarburos, rechazado por el diputado Villalobos.
Estructura calificada como un “ornitorrinco jurídico” por pretender otorgar facultades policiales a una sociedad anónima estatal.
Fecha en la que José Miguel Villalobos Umaña asumió sus funciones legislativas en representación de Alajuela.
