Allan Madriz | EP. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó un proyecto de ley que otorgaría licencias de paternidad remuneradas de al menos un mes.
El expediente 21.402, “Ley Para Promover la Corresponsabilidad en el cuido y Combatir la Discriminación de las Mujeres en Condición de Maternidad”, reformaría varios artículos del Código de Trabajo, para proteger a las mujeres embarazadas de diversas formas de discriminación e incorporar licencias de paternidad.
La propuesta de ley establecería una licencia a la trabajadora embarazada, durante el mes anterior al parto y tres meses posteriores o adopción, y a la persona conviviente, un mes posterior al nacimiento o adopción.
Uno de los elementos tomados en cuenta en la propuesta es el financiamiento de las licencias de paternidad, que estarían financiadas con un incremento al impuesto sobre reaseguros pagados en el extranjero.
“Recientemente la Caja condicionó el otorgamiento de licencias de paternidad a recursos frescos. Con este proyecto no solamente le estamos dando una fuente de financiamiento estable, sino que estamos contemplando no afectar a las Mipymes”, indicó el frenteamplista.
Para cubrir los costos de las licencias de paternidad, el proyecto plantea aumentar la tarifa al impuesto sobre reaseguros pagados en el extranjero de 5,5% a 15%; generando 18.072,89 millones de colones que irían al Seguro de Enfermedad y Maternidad.
Además, las personas beneficiarias de este seguro, tendrán derecho entre las dos, a un total de dos meses adicionales de licencia por maternidad y por paternidad, que deberá ser acordada entre ambas, o por defecto tendrán un mes cada una.
Asimismo, otorgará una licencia especial, adicional a la ordinaria posparto, en casos de nacimiento prematuro y partos múltiples.
El proyecto de ley tomó en cuenta recomendaciones elaboradas por una comisión interinstitucional coordinada por la Defensoría de los Habitantes, con participación del Instituto Nacional de la Mujer, el Centro Feminista de Información y Acción, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Fundación Friedrich Ebert y la Asociación Nacional de Empleados Públicos.
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