La diputada Iztarú Alfaro Guerrero, subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que el gobierno de Laura Fernández y sus diputados se contradicen entre el discurso y sus acciones: mientras acusan un supuesto golpe de Estado apuntando intromisión de poderes, desde el Ejecutivo ejercen una presión que raya en la intervención del Poder Judicial, al querer obligar que la Sala Constitucional falle como ellos creen que es correcto, irrespetando así una sentencia judicial y la división de poderes, solo para forzar la elección de magistrados suplentes que sí son de su agrado.
Esta posición evidencia que el oficialismo prefiere provocar un problema institucional que afecta a la población, al paralizar los diputados de Pueblo Soberano la designación de magistrados suplentes, antes de acatar, como corresponde, la decisión del Tribunal Constitucional. “El gobierno y los diputados oficialistas es enorme: primero dicen que la decisión de los magistrados de la Sala es un configura un golpe de Estado, luego dicen que no es un golpe de Estado; presentan una querella que no va a llegar a absolutamente nada porque hay una parálisis en la Sala Constitucional.
“Realmente, lo que el pueblo costarricense quiere escuchar es qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar las listas de espera de los servicios de salud, los enormes problemas que tiene nuestro sistema educativo público, la devolución de los dineros del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), y otros intereses urgentes del país, como la seguridad, temas de vivienda, los cuales deberíamos estar atacando en lugar de estar en esta guerra abierta entre los poderes de la República”, remarcó la legisladora verdiblanca.
Alfaro celebró que los magistrados constitucionalistas se fundamentaran en el principio de continuidad del servicio público de justicia para que cientos de personas vean sus derechos tutelados.
“Es muy peligroso oírlos hablar de un golpe de Estado de esa manera tan fácil y banalizar la palabra. Recordemos que hace 109 años ocurrió un golpe de Estado en Costa Rica, el de los hermanos Tinoco, y hoy lo que están haciendo es insultar la historia costarricense con sus incoherencias. Ya el abogado constitucionalista Fabián Volio (asesor de Casa Presidencial en tema jurídicos) dijo que la decisión de la Sala no es un golpe de Estado y que el fallo se debe acatar en todos los sentidos, ojalá así sea en beneficio de los ciudadanos”, estimó la diputada Alfaro.
A la fecha, la Sala Constitucional ha informado que tiene 123 expedientes detenidos debido a la demora de la Asamblea Legislativa en la elección de los nuevos magistrados suplentes.
Esos expedientes versan sobre asuntos delicados, como la salud, la seguridad, el acceso al agua y a otros servicios públicos, entre otros, cuya demora afecta la calidad de vida y de la salud de los costarricenses.
“¿A quién le sirve que no haya magistrados suplentes nombrados? Se han dejado de atender temas urgentes por la guerra entre Poderes de la República. La Constitución Política faculta a la Sala a dar el servicio continuo de justicia a la ciudadanía. El pueblo costarricense, por fortuna, sabe quiénes son los que quieren entrabar a la Sala Constitucional”, lamentó la parlamentaria, representante de la provincia de San José.
